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La falta de sentencias en firme impide el efecto de la ‘muerte civil’

El viernes 5 de junio del 2020, la Corte Nacional dictó prisión preventiva contra Daniel Mendoza, del movimiento Mejor. Foto: cortesía

El viernes 5 de junio del 2020, la Corte Nacional dictó prisión preventiva contra Daniel Mendoza, del movimiento Mejor. Foto: cortesía

El viernes 5 de junio del 2020, la Corte Nacional dictó prisión preventiva contra Daniel Mendoza, del movimiento Mejor. Foto: cortesía

A dos años de que fuera aprobada en consulta popular la denominada “muerte civil” de autoridades involucradas en casos de corrupción, la medida aún no surte efectos en la escena política.

El hecho genera preocupación en organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Nacional Anticorrupción, pues restan tres meses para el inicio de la inscripción de candidaturas para los comicios generales de 2021.

“Corremos el riesgo de que personas investigadas en casos de corrupción en hospitales, por casos de diezmos, nuevamente aparezcan pretendiendo ser candidatos”, dijo el coordinador de la Comisión, Germán Rodas.

Los asambleístas Raúl Tello (ind.), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y el socialcristiano Henry Cucalón, integrante de la Comisión de Justicia, atribuyen esta situación a la falta de sentencias ejecutoriadas en firme.

La sanción conlleva la inhabilidad política para quienes han sido sancionados por esos delitos para volver a ser dignatarios, ejercer cargos públicos, contratar con el Estado y la pérdida de derechos de participación.

“Estas sanciones son aplicables desde la aprobación de la pregunta en referendo, es decir, a partir de la publicación de las reformas en el Registro Oficial. Por tal razón, quienes a partir de esa fecha cometan dichos delitos están sujetos a la imposición de las mencionadas penas”, dijo Cucalón.

Rodas dice que funcionarios y hasta ministros del anterior régimen que fueron denunciados por la CNA, se candidatizaron en el 2017 para obtener “fuero y protección”. Y teme que esta vez vuelva a ocurrir lo mismo.

A partir del 18 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará oficialmente la inscripción de candidaturas. Este proceso se efectúa en cada delegación provincial. Al momento de registrar una candidato, el organismo electoral se conecta con una base de datos del Consejo de la Judicatura, en donde se refleja si el postulante tiene o no una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Ismael Quintana, experto en derecho constitucional, dice que los procesados por corrupción, que tengan sentencias de primera instancia, sí podrían inscribir su candidatura ante el CNE. “Esperemos que no sea otra de las tantas reformas a la Constitución que se aprueba y nunca llega a aplicarse”, dijo.

La llamada muerte civil se aplica a los funcionarios públicos condenados por delitos de corrupción como tráfico de influencias, peculado, cohecho, concusión.

Entre quienes afrontan estos procesos están el expresidente Rafael Correa y varios exfuncionarios involucrados en el caso Sobornos.

Pese a que fueron condenados a ocho años de cárcel en abril pasado, la sentencia está en fase de apelación, después de que los imputados ingresaran recursos de aclaración y ampliación.

En la Fiscalía se adelantan procesos de investigación previa contra una treintena de asambleístas por supuestos cobros ilegales a sus asesores (diezmos). Hace dos años, la asambleísta Norma Vallejo fue la primera en ser destituida del cargo, pero hasta ahora tampoco tiene una sentencia en firme.

El caso de Daniel Mendoza, asambleísta del movimiento Mejor, volvió a provocar que se retome el tema de la depuración del Parlamento.

Ayer, 8 de junio del 2020, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) se reunió para analizar la suspensión del sueldo de Mendoza, quien desde el viernes pasado guarda prisión preventiva por supuesta delincuencia organizada.

El pedido para que el CAL actúe como lo hizo en otros casos lo hicieron los asambleístas Tanlly Vera (Creo) y Fabricio Villamar (Ahora). Por su parte, la correísta Verónica Guevara impulsa un proceso de destitución.

El movimiento Mejor, con sede en Manabí, ya organizó convenciones proselitistas. Su líder, Daniel Mendoza, es uno de los 107 legisladores que puede reelegirse.