En la pantalla se observa el sorteo de las sentencias que serán analizadas. El evento se realizó ayer en la Judicatura. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El sorteo duró una hora. De los 14 164 pronunciamientos judiciales, que los jueces y conjueces nacionales emitieron entre el 2014 y el 2018, el sistema informático del Consejo de la Judicatura escogió 349.
Estos fallos, que implican sentencias y autos de admisión e inadmisión, serán sometidos a un análisis, como parte de la evaluación a la Corte Nacional.
El proceso comenzó a las 10:20 y el notario Felipe Iturralde certificó todo. “Esta evaluación permitirá que en la Corte estén los mejores jueces”, dijo la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, al arrancar el sorteo público.
Las primeras causas sorteadas fueron aquellas que emitió la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre. Igual se hizo con el resto de jueces y conjueces.
La idea es verificar, por ejemplo, si las condenas fueron legalmente motivadas o no. Pero los magistrados han dicho que no hay base legal para ello.
El vocal de la Judicatura, Juan José Morillo, dice que este trabajo es técnico y no político.
Pero esta entidad también recibió 168 quejas judiciales, que mencionaban una posible persecución de los jueces.
Tras filtrarlas y comprobar la veracidad de la información, se tomaron en cuenta siete, con posibles contradicciones. Estos apuntan a magistrados nacionales, que en este momento están en funciones.
Dos de ellos tampoco presentaron la autorización para levantar el sigilo bancario, como parte de la evaluación.
Tampoco permitieron que se analice su patrimonio y se compruebe si tienen bienes en paraísos fiscales.
Ambos ya fueron mencionados en el informe elaborado por la Mesa de la Verdad y Justicia, en el que se analizaron casos de supuesta persecución judicial durante el correísmo.
Ese documento se presentó a finales del 2018 y allí se aseguró haber encontrado al menos 490 indicios que mostrarían faltas al debido proceso.
En el documento de 249 páginas se indica lo siguiente: “El Gobierno anterior impulsó la política de persecución y criminalización de una manera sistemática, estructurada y contundente, con el apoyo del sistema de justicia”.
En el informe se relatan casos en que los afectados aparentemente tuvieron que pagar para no ser incluidos en las causas que se abrieron durante la administración de Rafael Correa.
“A la luz de los planteamientos anteriores, resulta urgente y necesario identificar los comportamientos judiciales utilizados como instrumento de persecución política, ya que la labor del Estado y las instituciones estatales consiste en respetar, promover y garantizar los derechos humanos”, sostiene la Mesa.
El presidente de esta instancia, Paúl Jácome, enviará hoy un oficio al Comité Evaluador y pedirá que conozca y revise los 14 casos de magistrados que se menciona en el informe.
Otro pedido es que se analicen los hallazgos encontrados durante la investigación sobre la persecución judicial.
“La evaluación debía abarcar los 10 años del correísmo, pero solo de receptaron las causas desde el 2014”, señaló Jácome.
Ayer también fueron sorteadas las causas dictadas por Merck Benavides y Janeth Santamaría, pese a que ellos renunciaron al alto Tribunal.
Según el vocal Morillo, se les incluyó en este proceso de análisis, porque “renunciaron cuando ya había iniciado el proceso de evaluación”.
Merck Benavides indicó ayer a este Diario que está inconforme con esa decisión, porque aseguró que al ser un exjuez ya no tiene acceso al sistema de la Función Judicial y que no podría revisar las causas que le sortearon.
Por eso, hoy tiene previsto enviar un oficio a la Judicatura con su postura oficial.
“La normativa dice que la evaluación es solo para jueces y conjueces y no para exfuncionarios judiciales. Ese sorteo está fuera del marco jurídico del Ecuador”, dijo Benavides.
Dentro del proceso, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, los magistrados deberán entrar a una evaluación oral.
