La fiscal Margarita Neira explicó que la pena máxima por violación es de 22 años. Sin embargo, incluyeron como agravantes la transmisión de una enfermedad catastrófica al menor. Foto: Twitter Policía Nacional
Tenía ocho años de edad cuando ocurrió. El pequeño había sido acorralado en los baños de la escuela pública donde vivía junto a sus padres, quienes trabajaban como conserjes. Cuando el establecimiento quedaba vacío, el conductor de un expreso escolar abusaba sexualmente del niño.
Fue en el 2014 y el delito se repitió en al menos cinco ocasiones. Este miércoles 5 de diciembre de 2018, un Tribunal de Garantías Penales sentenció a 29 años y cuatro meses de privación de libertad al agresor, por el delito de violación.
La fiscal Margarita Neira explicó que la pena máxima por violación es de 22 años. Sin embargo, incluyeron como agravantes la transmisión de una enfermedad catastrófica al menor.
“El señor era portador de VIH desde el 2005; el hecho ocurrió en el 2014. Él (el agresor) tenía pleno conocimiento de su enfermedad cuando perpetró el hecho”, indicó Neira.
El niño tardó un año en revelar a sus padres lo que había sucedido. Ellos lo supieron durante un chequeo médico. La fiebre no cesaba, bajó mucho de peso y tuvo un cuadro crónico de neumonía, síntomas que en realidad enmascaraban el diagnóstico de VIH.
Exámenes posteriores descartaron que los padres fueran portadores del virus. Tampoco existen antecedentes de transfusiones sanguíneas ni consumo de drogas, según informó la fiscal.
Abdalá Bucaram Pulley, defensor de los padres del menor, explicó que la sentencia además incluyó una multa de 800 salarios básicos unificados (USD 308 800) y una indemnización para el menor de USD 250 000, como reparación de daños.
Bucaram advirtió que no descartan seguir un proceso adicional. “Al haber ocurrido el hecho en un establecimiento público, donde el Ministerio de Educación debió ser garante, vamos a estudiar el siguiente paso”.
El agresor estuvo prófugo un año. El pasado 6 de noviembre fue capturado en Quinsaloma (Los Ríos), donde trabajaba como agricultor en una hacienda. Entonces de reinstalaron las audiencias. El hombre tiene 63 años de edad, por lo que deberá cumplir la sentencia en un centro de privación de libertad.