La sentencia por tuit de edil de Loja genera reacciones
“Si crees que no te deben meter preso por un tuit, tuitea lo mismo que @Jeanninecruzz”. Eso escribió Andrés Delgado (@AndresDelgadoEC), quien en su cuenta de Twitter se identifica como médico y geek.
Lo hizo ayer lunes 4 de enero, al enterarse de que la concejala de Loja fue sentenciada a 30 días de prisión y a pagar 25% de un salario básico. Acompañó a su pedido el tuit que originó el problema: “Alcalde José Bolívar Castillo lo que pedimos l@s lojan@s es que deje de mentir y de robar”.
Castillo acusó a Cruz de proferir expresiones de descrédito o deshonra en su contra, a través de Twitter y de un video en YouTube, donde cuestiona la emergencia decretada al Plan Maestro de Agua Potable. Se sustentó en el artículo 396 del Código Penal, que establece la pena de prisión de 15 a 30 días"“para la persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra".
La abogada feminista y defensora de los derechos humanos, Silvia Buendía, retuiteó el pedido de Andrés Delgado. Consultada por este Diario dice que no estamos en Ecuador en el 2016 sino en Inglaterra, en 1200, cuando el Rey mandaba a cortar la cabeza de sus enemigos… Más seria sostiene que le preocupa mucho la sentencia porque marca un precedente legal peligroso en Ecuador.
¿Por qué? Buendía responde que la concejala en pugna con el Alcalde de Loja no es cualquier ciudadana, tiene una relación directa de trabajo con José Bolívar Castillo. Más allá de que ella dañe la honra o lo que sea, es una funcionaria pública del Municipio. Y cree que la respuesta del burgomaestre Castillo debió ser decirle a Cruz: ¿Cuál es tu reclamo, dónde estoy robando?
Para la abogada Buendía, el Alcalde tiene la obligación de mostrar sus pruebas de descargo.
“Ese tuit no se circunscribe a ningún tipo penal. La sentencia muestra que se llevó el uso del derecho penal a un extremo psicótico que resta democracia al país y es un mal uso de administración de justicia para venganza. Un funcionario público debe responder a cualquier ciudadano que dice está robando, la respuesta no es 'te enjuicio o te meto preso'”.
El jefe del bloque legislativo de Alianza País, Fausto Cayambe, considera que la administración de justicia debe responder. Recuerda también que el derecho termina donde empieza el del otro.
El legislador apunta que existe “gran expectativa de la ciudadanía, de hacer una nueva política, sin calificativos, sin especulación, una política diferente”. Por eso afirma que lo ocurrido con la concejala Cruz es un hecho para analizar y valorar los derechos que tienen las personas, “cuidando el rol de fiscalizar y también la honra de las personas. Si tiene pruebas de que se roba en el Municipio de Loja debe presentar la denuncia en la Fiscalía”.
Aunque Cayambe reiteró que está claro que una de las funciones que tienen los concejales es fiscalizar, es una tarea como concejala del Municipio al cual pertenece. Y eso, dijo, “hay que tutelar, cuidar, ese derecho que tienen los ediles de todo el país, pero es importante frente a la aseveración de mentir y robar no hay sentencia ejecutoriada, esperemos que el procedimiento (legal) continúe. Ella va a apelar. El Alcalde se siente ofendido porque le dice mentiroso y ladrón vía Twitter”.
La asambleísta de Madera de Guerrero y PSC, María Cristina Reyes, también repitió que el rol de una edil es fiscalizar. No está de acuerdo con la sentencia. “Las susceptibilidades de funcionarios afines al Gobierno siempre generan procesos y condenas son una práctica que busca acallar voces críticas fiscalizadoras, es reprochable”.
Ella considera que la edil tiene todo el derecho de denunciar si existe corrupción, pero debe existir la participación de autoridades de control, con las evidencias con las que cuenta.