Uno de los cuatro sentenciados es un exfuncionario del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Twitter / Fiscalía Ecuador
Cuatro procesados, investigados por asociación ilícita, fueron sentenciados a un año de prisión en un proceso abreviado. Una jueza de Garantías Penales del Guayas aceptó las pruebas que presentó la Fiscalía y dictó la sentencia la tarde de este viernes 27 de diciembre del 2019.
Uno de los cuatro sentenciados es un exfuncionario del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es parte de las 27 personas que fueron detenidas la madrugada del jueves 28 de noviembre pasado, durante el operativo denominado Emperador, entre ellos el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Carlos Tuárez, por supuesto tráfico de influencias.
Durante la audiencia, en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal César Suárez, de la Unidad de Administración Pública, expuso los elementos de convicción recopilados. Según un comunicado de la Fiscalía, entre la información presentada están las escuchas telefónicas, autorizadas por la autoridad judicial, extracción de información de celulares, seguimientos a procesados. Además, documentación, como facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques, que evidencian la intervención de los ahora sentenciados.
La Fiscalía expuso “el grado de participación de cada uno de ellos en el hecho, citando fechas de reuniones que sostuvieron en ciudades como Quito y Guayaquil, y quienes serían las personas encargadas de ofertar los cargos de las instituciones del Estado”, según el boletín de la entidad. Entre ellas, la Dirección de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas, Petroecuador, hospitales públicos y otras, y en las que cobraban valores que iban entre los USD 4 y 24 millones, para los puestos gerenciales.
La jueza Marcela Ortega dictó la sentencia de un año de pena privativa de libertad contra los cuatro, una vez que se acogieron al procedimiento abreviado. Este consiste en la aceptación de los hechos imputados y con ello se benefician de una pena reducida en un tercio de la pena mínima impuesta en el tipo penal, explicó la Fiscalía.
Además de la sentencia, la jueza les impuso una multa de cuatro salarios básicos (USD 1 584), el impedimento a cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.