30 de septiembre de 2018 00:00

Una sola sentencia en ocho años por las muertes en la revuelta

Amada Ortiz tiene el 80% de discapacidad visual y no puede caminar con facilidad. No tiene abogado. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Amada Ortiz tiene el 80% de discapacidad visual y no puede caminar con facilidad. No tiene abogado. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Más de 10 fiscales intentaron encontrar a los responsables de las muertes de los policías Froilán Jiménez y Efrén Calderón Landeta, y de los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez.

Ocho años después de la insubordinación, hay pocos avances en la indagación y las familias esperan justicia. El único caso en el que se dictó sentencia está relacionado con el homicidio del estudiante Juan Pablo Bolaños.

Dos militares y el expresidente son indagados

Redacción EL COMERCIO (I)

En la casa de la familia Jiménez, en Loja, hay un lugar en la mesa que siempre está vacío. Es el del policía Froilán Jiménez.

Él dejó un hijo, que la próxima semana cumplirá 11 años. El pequeño solo sabe que su papá “fue un héroe” y que salvó la vida de Rafael Correa.

La Fiscalía hoy indaga la participación del expresidente por ‘autoría mediata’.

En los siete primeros años, la investigación estuvo estancada. La Fiscalía también acusó a inicios de este mes a dos militares de ejecución extrajudicial.

Los familiares del policía esperan que se determine quién exactamente terminó con la vida del joven. “No hemos podido cerrar la herida, porque no hemos tenido una justicia oportuna”, dice Sandra Jiménez, hermana.

Para la familia, la bala que mató a Jiménez es militar. El calibre 5,56, que se emplean en fusiles, la trayectoria y los videos del día de la revuelta confirman su teoría.

Pero les preocupa que el arma de donde salió el disparo no aparezca. En un primer momento supieron que esta se había extraviado, luego que sí existe. Los agentes ahora buscan el fusil en el rastrillo de un cuartel militar.

Tras la muerte del policía, el Gobierno de entonces ofreció casa y becas, pero los familiares aseguran que nada se ha cumplido. “No esperamos nada; solo queremos saber la verdad y tener justicia”, asegura la hermana de Froilán.

Un policía indagado por la muerte fue absuelto

Redacción EL COMERCIO (I)

Un grupo de policías sublevados balearon la furgoneta que conducía el soldado Darwin Panchi, de 21 años, la noche de la revuelta. Eso dicen las primeras investigaciones. Cinco esquirlas se alojaron en su cabeza y lo mataron. ¿Quién disparó el arma? Ocho años después no hay respuesta.

En la indagación, la Fiscalía identificó a un policía como sospechoso, pero fue absuelto. Esto ocurrió pese a que un perito examinó una bala que se halló en el vehículo que manejaba Panchi e identificó la pistola de la que salió.

También determinó a qué policía le fue asignada esa arma. Pero las esquirlas en el cerebro del soldado no pudieron ser cotejadas porque no hay tecnología para ello.

Amada Ortiz, madre del soldado, recuerda que el primer fiscal del caso le dijo: “Ya está detenido el culpable y será sancionado”. Dice que fue engañada. “No me resigno. Sigo esperando que se encuentre al asesino de mi hijo”.

La madre recuerda que antes del deceso viajaron a Loja para visitar a la Virgen de El Cisne. A los ocho días de esa romería recibió una llamada y le informaron que Darwin había fallecido en Quito.

Ortiz tiene pocas esperanzas de que se conozca al responsable de la muerte del militar, que estaba próximo a matricularse en la Universidad Indoamérica. Su idea era estudiar derecho, pero todo quedó truncado.

El expediente sobre el crimen tiene 17 hojas

Redacción EL COMERCIO (I)

La habitación del policía Efrén Calderón sigue intacta en su casa, en Ibarra. Su madre, Lidia Landeta, prefiere mantenerla como él la dejó hace ocho años.
“Es un homenaje a Efrén. A veces me parece que no ha muerto. Que todo es mentira. Que pronto entrará por la puerta sonriendo”, cuenta.

Tras ocho años de la revuelta, la madre aún espera saber la verdad. En el 2015, la Fiscalía archivó el caso. Indignada pidió copias del expediente. Le entregaron 17 hojas.

En la última página, escrito con un esferográfico azul a mano, se indica que la investigación está parada, porque el Ministerio de Defensa no ha entregado los documentos.

Por eso no acepta la versión de que su hijo murió durante un cruce de balas entre policías y militares, cerca del Regimiento Quito N° 2, en el centro de Quito.

Cree que su vástago no participó en la revuelta. Y que fue abatido mientras se movilizaba hacia el sector de la Marín, para controlar el saqueo de un local comercial. Ahí, desde un camión militar se habrían realizado los disparos.

Calderón murió y dos compañeros que iban con él fueron heridos.
Con esa hipótesis viajó cada mes, de Ibarra a Quito, durante los cinco primeros años.

Desde el 30-S, ha enviado 27 oficios al Ministerio de Defensa solicitando la nómina de los militares que estaban en el camión ese día, pero asegura que nunca contestaron.

La familia pide que se desclasifiquen los datos

Redacción EL COMERCIO (I)

Han pasado cinco años desde la segunda exhumación realizada al cuerpo del militar Jacinto Cortez, en el 2013, y su familia aún espera los resultados.

Los parientes del cabo segundo del Ejército conocen pocos detalles de las investigaciones practicadas por la Fiscalía, tras estos ocho años de la revuelta.

La única certeza es que el uniformado murió por el impacto de una bala, a la salida del Hospital policial, en Quito. Pero el responsable no ha sido identificado.

La familia recuerda que para la segunda exhumación tuvieron que presentar una queja en la Presidencia de la República. Hasta el 2013 no se había abierto una investigación por homicidio. Entonces el crimen se manejaba como parte del expediente por el supuesto plagio del expresidente Rafael Correa.

A partir de ese año, la investigación empezó desde cero, recuerda Mariana Jhaya, madre del militar. Una de las balas que impactó a su hijo fue enviada a Colombia para ser analizada por peritos externos. El fiscal del caso le contó que la experticia arrojó pocos resultados, porque el proyectil se había deteriorado en el tiempo que no se investigó.

Ahora, los Cortez piden que se desclasifique la información a nivel de las Fuerzas Armadas para conocer qué órdenes se emitieron ese día. “Este caso no debe cerrarse, el Gobierno actual debe insistir en las investigaciones”.

Corte Nacional confirmó pena para un policía

Redacción El COMERCIO (I)

En tres instancias, el fallo fue el mismo: culpable del homicidio de Juan Pablo Bolaños. Él era estudiante de economía. Tenía 24 años y el 30-S fue parte de una marcha convocada por Ricardo Patiño para apoyar al expresidente Rafael Correa.

Este es el único caso en el que un policía fue hallado responsable. El uniformado recibió una condena de seis años de cárcel y los jueces ordenaron el pago de USD 30 000 como indemnización a la familia del joven.

En la investigación, la Fiscalía estableció que una de las dos balas que recibió Bolaños salió de un fusil, que era el arma de dotación de un teniente del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

También se determinó que el calibre usado fue de 5,56 milímetros, que se emplea en fusiles de asalto.

En el 2015, la madre del joven, Olga Fernández, falleció tras su lucha contra el cáncer y fue enterrada en el mismo cementerio donde descansa el segundo de sus tres hijos.

La mujer formó parte del Colectivo 30S, ¡Prohibido Olvidar!, integrado por simpatizantes del expresidente.

Un año después, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) confirmó la sentencia para el oficial, quien fue detenido.

En la avenida Mariana de Jesús, donde murió el joven, se colocó una placa y se lo declaró ‘joven símbolo de la democracia’.

Este Diario buscó a través de los colectivos y números privados, pero no fue posible contactar a la familia.

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