El Tribunal Penal del Guayas rechazó el pedido del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos José Tuárez, buscaba que el Tribunal Penal del Guayas le permitiera cumplir su sentencia en libertad. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
A través de la figura legal denominada suspensión condicional de la pena, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana Carlos José Tuárez buscaba que el Tribunal Penal del Guayas le permitiera cumplir su sentencia de cinco años de cárcel por asociación ilícita en libertad.
Su pedido fue desechado este jueves 20 de agosto del 2020, luego de que el Tribunal resolviera que no se debía aplicar ese beneficio, pues el caso de Tuárez tiene que ver con una estructura ilícita que sirvió para vender cargos públicos dentro del Estado.
El argumento del Tribunal es que el exfuncionario cometió un delito grave contra la administración pública y que causó conmoción social. En cambio, el Código Integral Penal, artículo 630, señala que la suspensión condicional de la pena se puede aplicar siempre que la persona haya sido sentenciada hasta con cinco años de cárcel, que no tenga otras causas pendientes con la justicia y que sus antecedentes personales, sociales y familiares, “así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena”.
A cambio de estos beneficios, la persona debe someterse a una seria de requisitos como tener un domicilio formal, tener un trabajo permanente, no asistir a centros de diversión nocturna, asistir a un programa educativo o de capacitación, reparar los daños a la víctima, entre otros.
Luego de que se desechara este recurso, a Tuárez le queda la apelación ante la Corte Provincial del Guayas.
En el juicio, la Fiscalía indicó que acusó al exfuncionario, pues existían videos, escuchas telefónicas, fotografías, testimonios y depósitos bancarios que señalaban la existencia de “una organización dedicada a ofertar cargos en varias instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Aviación Civil (DAC) y la Aduana, para lo cual presuntamente pedían grandes cantidades de dinero, que van desde los cinco hasta los USD 20 millones “, señaló la Fiscalía.