En dos semanas, Uribe podrá firmar el convenio con EE.UU.

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Santiago Zeas B. Corresponsal en Bogotá

El último trámite interno es el pronunciamiento, no vinculante, del Consejo de Estado colombiano. En Washington, tres congresistas rechazan el convenio de su país con Bogotá.

La suscripción del acuerdo de seguridad entre Bogotá y Washington, que contempla el uso de siete bases colombianas, está por concretarse. En unos 15 días el gobierno de Álvaro Uribe estará ya en condiciones de firmar este documento que ha levantado una andanada de críticas e inquietudes en Sudamérica.

El último requisito que debe esperar la Casa de Nariño es el pronunciamiento del Consejo de Estado, máximo organismo jurisdiccional del país. Según el marco legal colombiano, esta instancia tiene por obligación que emitir su opinión en asuntos estratégicos, como los acuerdos de seguridad.



7 bases
colombianas podrán ser usadas por militares de EE.UU. por 10 años.Aunque el Consejo de Estado no tiene plazo para dar su dictamen, la evaluación del tema tardará dos semanas contadas desde el lunes, según adelantó Rafael Ostau de Lafont, titular de este alto  organismo.

El dictamen que extienda el organismo no es vinculante para el Ejecutivo. De ahí que ante un hipotético pronunciamiento negativo, el gobierno de Uribe no tendrá problemas en suscribir el acuerdo sobre el uso de las bases. Sin embargo, los miembros del Consejo de Estado han deslizado que su opinión será favorable.

Ostau de Lafont declaró que el acuerdo bilateral está relacionado con la seguridad nacional y, por lo tanto, la evaluación del Alto Tribunal será en esa dirección.

“La valoración que habrá de hacer gira en torno a los aspectos de este acuerdo. Tenemos toda la información que el Gobierno ha puesto a nuestra disposición para entregar nuestro concepto”.

Las palabras del magistrado se registraron después de la explicación de dos días, por parte del  Régimen, sobre el contenido del instrumento. A través de él, EE.UU. puede usar las bases de Malambo, Apiay, Palanquero, Tolemaida, Larandia, Cartagena y Málaga, con supervisión colombiana.

La noche del lunes, Uribe acudió al  Consejo de Estado. Durante dos horas y en reserva, se reunió con los miembros del Alto Tribunal, a quienes explicó el contenido del documento, que todavía no es divulgado oficialmente por la Casa de Nariño.

El martes, en cambio, la visita a esta entidad fue de los ministros Jaime Bermúdez (Relaciones Exteriores), Fabio Valencia (Interior) y Gabriel Silva (Defensa).

Con ello, el Gobierno espera asegurarse el dictamen favorable  que, además de disipar el terreno jurídico, tiende a legitimar, ante la sociedad colombiana, el marco de la cooperación militar que Colombia requiere de los EE.UU. y que ha sido criticada por la mayoría de países de la región. 

Precisamente, el debate interno de Colombia coincide con la cita de cancilleres y ministros de Defensa, convocada por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para el próximo martes en Quito. Ahí  se debatirán medidas de confianza entre los países en temas de  seguridad.

Brasil ha sido uno de los países que más ha cuestionado este convenio. El presidente Lula  da Silva reiteró a Colombia garantías jurídicas y el respeto a la integridad territorial de los vecinos. Por ello, el canciller  Bermúdez cumplió ayer una visita oficial a territorio brasileño (ver nota compartida).

En forma paralela, en EE.UU. tres congresistas suscribieron una carta en la que expresan su preocupación por el acuerdo y piden al gobierno de Barack Obama proceder con “cautela”.

Tamy Baldwin, James McGovern y Jan Schakowsky expresaron su preocupación por el aumento de la presencia militar en suelo colombiano, pues consideran que solo agudizará lo que califican como el “fracaso” del Plan Colombia. Los tres pretenden sumar firmas de respaldo para la carta dirigida a Obama.

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