11 de agosto de 2020 00:00

Seis asambleístas conservan sus puestos pese a juicios y asilos

Eliseo Azuero está desaparecido

Eliseo Azuero está desaparecido. Foto: Archivo / El Comercio

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Roger Velez

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Dos asambleístas sentenciados, otro con orden de captura y tres asilados conservan sus nombramientos, aunque no todos van al Pleno. Las bancadas o partidos no aplican mecanismos de depuración y las reformas a la Ley Legislativa son otro de los pendientes.

Se trata de Viviana Bonilla (exAP), sentenciada en primera instancia por el llamado caso Sobornos; Yoffre Poma (RC), condenado por paralización de servicios públicos, y Eliseo Azuero (BADI), procesado por supuesta delincuencia organizada. A ellos se suman Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, del correísmo, a quienes México otorgó asilo el año pasado.

De ellos, Bonilla y Poma siguen con sus actividades legislativas. Los otros cuatro no participan en las sesiones y no cobran sus salarios. En su lugar actúan sus alternos.

El vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), argumenta que “solo se puede hacer lo que está escrito”. La Ley de la Función Legislativa no estipula un tiempo máximo para que los asambleístas puedan ausentarse.
La norma, en su artículo 115, precisa seis causales para la pérdida de la curul: 1. Terminación del período; 2. Renuncia; 3. Destitución; 4. Revocatoria; 5. Sentencia penal condenatoria ejecutoriada; y 6. Muerte.

En julio pasado, Daniel Mendoza, asambleísta del movimiento Mejor, renunció cuando afrontaba un proceso similar al que llevó a la destitución de Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (RC) y Ana Galarza (Creo), por denuncias de irregularidades.

Mendoza está detenido desde el 5 de junio, por supuesta delincuencia organizada, el mismo delito por el que es ­investigado Azuero.
Otra treintena de legisladores, cuyas identidades se mantienen en reserva, son investigados por supuestos delitos como concusión o tráfico de influencias en la Fiscalía o afrontan glosas y pedidos de destitución de la Contraloría.

Para el politólogo Arturo Moscoso, este escenario demuestra falta de voluntad de la Legislatura para depurarse. “Hay mucha gente con rabo de paja, entonces creo que por ese motivo no hay un real ejercicio de combate a la corrupción”.

Donoso insiste en que la Asamblea ha actuado conforme a la ley. Otros cuatro legisladores son investigados por el escándalo de carnés
de discapacidad.

Bonilla señala que en su caso se trata de una persecución política. El proceso judicial que enfrenta se deriva de la campaña del 2014, cuando ella fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil por Alianza País (AP). La asambleísta dice que llevará su caso a instancias internacionales.

“Creo que mi función en la política termina ahora y voy a servir a mi país desde donde esté. Dios quiera que haya un ápice de justicia al final de todo este proceso”, dice Bonilla.

En la Asamblea, desde enero pasado está suspendido el segundo debate de las reformas a la Ley Legislativa, en la que se contempla la creación de un Comité de Ética. Su aprobación no consta entre las 12 normas que fueron declaradas como prioritarias para los últimos meses de mandato.

De cara a las próximas elecciones, Arturo Moscoso evidencia que los partidos no quieren depurarse. La ley electoral solo impide las candidaturas de personas con sentencias condenatorias.

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