Yunda será imputado el martes 16 de febrero; la Fiscalía indaga a 13 personas
El 27 de mayo del 2020 se realizaron los primeros allanamientos en este caso. Foto: archivo
El expediente tiene 214 cuerpos. En esos documentos judicializados constan informes, peritajes, testimonios, correos, proformas y el contrato relacionado con la compra de pruebas covid-19 para Quito.
Todo empezó el 29 de mayo del año pasado, en medio del confinamiento que vivía el país. Agentes de la Policía y de Fiscalía allanaron las oficinas de la Secretaría de Salud del Municipio y la casa de Lenín Mantilla, entonces titular de esa dependencia municipal.
Él renunció a su cargo luego de esos hechos y actualmente se encuentra fugitivo.
Tras las incursiones, los agentes comenzaron a rastrear si el monto pagado de USD 3,7 millones por 100 000 pruebas para detectar el coronavirus estuvo acorde a las ofertas económicas de ese entonces o se consumó el delito de peculado.
En el momento, 13 personas son indagadas. Unas están señalas desde hace nueve meses y otras serán vinculadas penalmente el martes 16 de febrero del 2021. Allí aparece el alcalde Jorge Yunda.
Hasta el miércoles, el caso fue tramitado por un juez de primera instancia. De hecho, él debía dirigir hoy una audiencia dentro de esta causa.
Pero como ya fue mencionado el Burgomaestre, todo el expediente pasó a la Corte Provincial de Pichincha.
Esto hizo que también se cambiara de investigador. Ruth Amoroso, fiscal que estuvo a cargo de las pesquisas, pertenece a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Pero ahora el caso lo tratará el Fiscal provincial de Pichincha. Este procedimiento se aplica por el fuero de corte del que goza Yunda.
La Fiscalía pidió vincular al Alcalde dos días después de que ampliara su versión dentro de las investigaciones. Él acudió el lunes a una diligencia. A su salida mencionó que “todos los temas de las pruebas se debatieron en el Pleno del Concejo”. Aclaró que en ese espacio se presentaron informes de los test comprados para detectar el virus.
Nueve días antes, el concejal opositor Fernando Morales pidió vincularlo, por ser “el responsable político y de todas las acciones administrativas del Municipio”. En su pedido señaló que la empresa contratada tenía “las pruebas más caras” y también se refirió a una posible baja sensibilidad en los resultados, algo que no cumplía las características del contrato, según la denuncia.
“El objeto contractual no se cumple. Se pidieron pruebas PCR con sensibilidad del 99% al 100% y se reciben otras con diferente tecnología”, señaló en las oficinas judiciales.
La Fiscalía aseguró haber encontrado “elementos suficientes” sobre una presunta responsabilidad del Alcalde.
El miércoles 10 de febrero él escribió en Twitter: “Nada tengo que ocultar, no he incurrido en ningún ilícito en toda mi vida, luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas; estaré presto para colaborar con la justicia”. Ayer sostuvo lo siguiente: “Si por salvar una vida, no se diga miles de vidas, me toca enfrentar injusticias, valió la pena ser Alcalde”.
Como parte de los rastreos, el 29 enero pasado los agentes allanaron nuevamente la Secretaría de Salud. Un documento público dentro del proceso al que accedió este Diario señala que el operativo se ejecutó con base en un informe policial, en el que se señala que el personal de esta dependencia tiene más detalles del caso.
“Mediante técnicas investigativas se pudo conocer, de manera reservada, que funcionarios de la Secretaría de Salud, específicamente en las oficinas y área técnica, poseen información documental-técnica, que no ha sido informada, remitida o entregada a Fiscalía”, se lee en el documento.
En el informe policial, además, se indica que estos elementos tendrían relación con el análisis y validación técnica realizada a los reactivos para la determinación del covid-19 por PCR, polimerasa adquiridos por la entidad.
Ramiro Román, abogado de dos nuevas procesadas, señaló que sus clientes dieron las facilidades para que la Fiscalía realizara sus investigaciones, pero que hay información que se debe solicitar a otras instituciones. “La información no solo está en la Secretaría de Salud. En el Municipio hay varios departamentos y cada uno contesta lo que le compete”.
En contexto
Las pruebas compradas por la Secretaría de Salud comenzaron a llegar a partir del 20 de abril del 2020. Nueve meses después del primer allanamiento, en mayo, continúan las investigaciones por posible peculado, que es penado con hasta 13 años de cárcel.
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