Víctimas de tiroteo en un bar siguen en Medicina Legal
En el norte de Quito. La entrada al centro de diversión nocturna hasta ayer estaba sellada con cinta amarilla de Criminalística. Un patrullero custodiaba el sector.
Los cuerpos de las dos personas fallecidas la madrugada del sábado, en un bar de la zona rosa de Quito, permanecían hasta la tarde de ayer en Medicina Legal. Ningún familiar se había acercado a reconocerlos.
Sin dar mayores detalles, personal de la morgue informó que aún no se podía realizar la autopsia de los cadáveres de Yajaira, de 21 años, y de Jonathan, de 22.
La madrugada del sábado, cerca de las 05:00, desconocidos se acercaron a Jonathan en una fiesta privada en el centro de diversión nocturna. Ellos -según testigos-, le habrían disparado cinco veces, hiriéndolo en el cuello, en el hombro derecho y en el dedo índice de su mano izquierda.
Jonathan falleció inmediatamente. Sin embargo, una de las balas perdidas impactó en el cuerpo de la joven, quien en ese momento salía del baño del lugar. Agentes señalaron ayer que aparentemente estaba embarazada de tres meses.
Uno de los moradores del lugar relató que tras los disparos, las personas salieron rápidamente del bar en autos y motos. El lugar quedó desolado hasta que la Policía cerró la entrada para realizar el levantamiento de los cuerpos.
Hasta ayer, la cinta amarilla de Criminalística, amarrada entre dos tubos metálicos negros, impedía el paso. Un patrullero custodiaba constantemente la zona con dos policías.
Una fuente en la Policía Judicial informó que el establecimiento estaba clausurado desde julio, pero que según sus informes este funcionaba clandestinamente para fiestas privadas.
Hasta el momento no hay detenidos y los agentes continúan con las indagaciones.
Falencias de la investigación
Ayer, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, coincidió en que la Policía Judicial no tiene todos los medios para realizar las investigaciones de los delitos.
“Hacemos los esfuerzos para mejorar la capacidad investigativa no solo de la Policía, sino de la Fiscalía”, señaló el funcionario.
En ese sentido anunció que están por cerrar un convenio con la Policía española para que a través de cursos a distancia se realice una capacitación en investigación criminal para 15 oficiales de la Policía y 15 fiscales.
“Buena parte de los equipos (de investigación) los tiene la Policía. Están en manos de ellos, pero creo que debemos dar un salto adicional. Esto es que, como en otros países, la Fiscalía tenga sus propios laboratorios e instrumentos de investigación”.
La semana pasada, en su segundo informe preliminar de la reforma judicial, la Veeduría Internacional también habló de las falencias sobre la indagación en la PJ.
Por eso el organismo sugirió que “el Consejo de la Judicatura (CJ) realice acuerdos necesarios con otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, la Defensoría Pública y la Policía Judicial, con el fin de que se mejoraran las técnicas de investigación y se coordinaran actividades científicas por una justicia eficaz”.
El 11 de mayo del 2011, el relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, presentó el informe final tras su visita al país del 5 al 15 julio de 2010. Allí dijo que la eficacia de las indagaciones policiales fueron criticadas abiertamente por los jueces, fiscales, defensores del pueblo y DD.HH.