El lunes, Fernando Balda, acompañado de su esposa, sale de la Contraloría en Quito. Foto: María Belén Merizalde / EL COMERCIO
La versión de Rommy Vallejo, exasesor de Seguridad de la Presidencia, es clave para vincular al expresidente Rafael Correa en la investigación sobre el secuestro del exasambleísta Fernando Balda.
Así lo indicó el martes, 12 d ejunio del 2018, en una rueda de prensa, el fiscal General Paúl Pérez. “En estas últimas semanas se han encontrado varios elementos de convicción que se consideran suficientes para vincular al expresidente en este proceso”.
Vallejo rindió su testimonio en la Fiscalía el 5 de junio y señaló que su trabajo en la Presidencia era verificar riesgos y amenazas al Gobierno.
Recordó que en el 2012, cuando se perpetró el plagio, existía un proceso judicial en contra de Balda y, producto de ello, una orden de detención.
Señaló que le solicitaron que viajara a Colombia para averiguar si el político estaba en ese país de forma irregular.
¿Quién le solicitó que averigüe si el señor Balda estaba en Colombia?, preguntó el fiscal Pérez. “El Presidente de la República (en ese entonces Rafael Correa)”, dijo Vallejo.
Según el exasesor, la solicitud fue hecha de forma verbal y no recordó la fecha exacta.
En su viaje a Colombia mantuvo reuniones con altos oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) de esa nación. Su intención era ubicar a Balda y supone que en su regreso a Quito entregó al Presidente un informe sobre las coordinaciones que se realizaron. No dio más detalles.
El Fiscal le preguntó cuál era la información que recibió de la Dipol y Vallejo señaló: “En ese momento ninguna, luego ya cuando el señor Balda fue deportado recibí una llamada, no recuerdo de quién, indicando que había sido detenido y que estaban tramitando el tema de la deportación”.
La versión de Correa no coincide con la de Vallejo. La Fiscalía tomó su declaración el 24 de mayo, desde el Consulado de Ecuador en Bélgica. Allí indicó que se enteró de que el exlegislador estaba en Colombia porque él mismo se encargaba de hacerlo público a través de sus redes sociales.
“Difundía fotos, así por ejemplo con un fusil largo, otras en las que estaba con (Álvaro) Uribe”, afirmó. Y agregó que sabía de estos mensajes de forma indirecta, ya que a Balda lo tenía bloqueado en sus redes sociales.
Pero cuando el Fiscal le consultó si alguno de sus funcionarios le informó sobre la ubicación de Balda, Correa únicamente repitió: “Esto se conocía porque Balda enviaba fotos a las redes sociales”.
Al exmandatario también se le preguntó si conocía a los policías que están detenidos por este caso. Él lo negó y dijo: “Ni siquiera he escuchado sus nombres, sino hasta después de la versión, por los medios de comunicación”.
La misma pregunta se hizo a Vallejo. El exfuncionario dijo conocer solo a dos de ellos.
Incluso mencionó que cuando se desempeñaba como Secretario Nacional de Inteligencia, dos años después del secuestro, recibió oficios de uno de los agentes en que le pedía ayuda. “Siempre se le contestó a través de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Inteligencia, que no se le podía colaborar”, dijo.
La ayuda a la que se refiere era sobre la “situación jurídica” del agente, luego de que se denunciara el secuestro.
La teoría de Balda es que Correa ordenó su plagio y que la operación se financió con fondos públicos.
En la tarde del 12 de junio, el fiscal Pérez se refirió al caso. Dijo que se ha establecido “la existencia de órdenes que se generaron a través de una cadena de mando”. Aseguró que en su gestión no va a existir ninguna persecución política, pero tampoco se va a dejar en la impunidad ningún delito.
Diego Chimbo, abogado de dos de los tres policías procesados, indicó más temprano, en los exteriores de la Fiscalía, que existen los elementos suficientes para develar de dónde surgió la orden de secuestro.
Hasta el momento no se ha fijado fecha para que sus clientes rindan testimonios anticipados, pero el jurista sostiene que la versión de Vallejo dará sentido a lo que los dos agentes revelarán en su momento.
“Hubo un deseo desmesurado de traer a Balda (al Ecuador) y verlo en prisión, por ello primero intentaron una deportación y luego utilizaron otros mecanismos”, dijo el abogado.
La Fiscalía aún recopila versiones de exfuncionarios y policías. Hasta el 18 de julio se podrán incluir nuevas evidencias de cargo y de descargo.
En contexto
El secuestro del exasambleísta Fernando Balda se perpetró el 13 de agosto de 2012, en Bogotá, Colombia.
Él residía en ese país, porque en el Ecuador tenía una sentencia de dos años de prisión por calumnias en contra del expresidente Rafael Correa.
