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Ciudadanos de Venezuela, expuestos a grupos delictivos al ingresar al Ecuador

La Intendencia revisó permisos en un local que ofrecía eliminar el historial delictivo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La Intendencia revisó permisos en un local que ofrecía eliminar el historial delictivo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Policías verificaron documentación de personas extranjeras en el centro de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El viaje para atravesar la frontera por caminos irregulares dura menos de un día. Los ciudadanos de Venezuela que ingresan desde Colombia utilizan trochas abiertas en la zona fronteriza.

En Carchi, los agentes identificaron 34 pasos irregulares. Pero no descartan que existan más en los 161 kilómetros fronterizos de esa provincia.

Una de esas trochas fue usada por Xiomara en diciembre del 2019. Ella vende donas en las cercanías a la Casa de la Cultura, en Quito. Mientras trabaja cuenta que por la crisis, ella y su esposo salieron desde Carabobo, un Estado de Venezuela.

Dice que llegaron hasta el puente internacional de Rumichaca. En Migración de Ecuador les exigieron sus visas humanitarias. No las tenían.

En la noche, mientras buscaban un sitio para dormir, fueron abordados por tres personas que ofrecieron hacerlos cruzar la frontera a cambio de USD 60 (USD 30 cada uno). Recuerda que pagaron la mitad al inicio del viaje que empezó el 14 de diciembre a las 23:00. Subieron en el balde de una camioneta en el que estaban otros cinco venezolanos.

El vehículo se puso en marcha y el viaje duró cuatro horas. Pasaron por caminos de tierra. “A las 03:00 del siguiente día nos dijeron que estábamos en Ecuador, que nos bajáramos. Teníamos temor de que nos estafaran, pero pagamos los otros USD 30”.

Este 6 de febrero del 2010, la mujer recuerda: “Luego caminamos por una trocha durante tres horas. A las 05:00 llegamos a un camino asfaltado”. Ahí, otros conductores les cobraron USD 5 para llevarlos a Tulcán.

Hoy teme ser deportada, más cuando escuchó a las autoridades que quieren reformas legales para agilizar ese proceso.

En La Carolina, un parque en el norte de Quito, dos ciudadanos de Venezuela que no tenían documentos también dicen haber ingresado por pasos irregulares de Sucumbíos.

La Policía ha visto un incremento en el uso de esos caminos desde la firma del Decreto 826 del 25 de julio del 2019. Ahí se exige visa humanitaria a los venezolanos, que es expedida en los consulados de Caracas, Bogotá o Lima. A raíz de eso también aparecieron bandas que cobran para hacerlos pasar.

En la Fiscalía del Carchi está abierta una investigación por posible delito de tráfico de personas, pues hay indicios de posibles redes que lucran de la gente que usa rutas alternas para ingresar a Ecuador.

Los agentes recopilan datos y ejecutan controles.

Luis Chica, comandante de Policía de Carchi, señala que son operativos coordinados para detectar diversos delitos: tráfico de armas, drogas o combustibles. También intervienen otras entidades como Fiscalía, FF.AA. o Aduanas.

En medio de esos operativos se ejecutan controles migratorios, para verificar los documentos de los extranjeros. Algo similar ha ocurrido en Quito en las últimas horas.

La Intendencia revisó permisos en un local que ofrecía eliminar el historial delictivo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

“Si tienen el pasaporte o la carta andina les recordamos que tienen que regularizarse”, dice Chica. En caso de no tener documentos, Migración emite citaciones para que los extranjeros dejen el país en 30 días. La normativa actual no permite la deportación en estos casos.

Los venezolanos saben que los trámites en su país para obtener los papeles que permiten acceder una visa humanitaria duran hasta dos años.

Ahora, los extranjeros solo esperan ver qué decisiones se toman desde la Asamblea.

La Comisión de Relaciones Internacionales dijo este jueves que en dos semanas se enviará al Pleno de la Legislatura, el texto para que las reformas a la Ley de Movilidad sean analizadas en primer debate. El presidente de la Mesa, Fernando Flores, advierte que mientras se tramiten los cambios se verificará que no contravengan la Constitución. “De lo contrario nos tocará proponer una enmienda constitucional”.

Las dos normas no se contraponen. En ambas se niega la deportación y expulsión de “colectivos de extranjeros”. Cada proceso debe tramitarse individualmente.

El parlamentario de Creo César Carrión indica que la coyuntura actual de migración no puede ser motivo para una reformar legal. Un criterio similar tiene el asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana Juan Lloret.

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