La Veeduría Internacional recibió datos incompletos sobre reforma

La reunión del pasado martes tuvo novedades. Los miembros de la Veeduría Internacional (VI) que vigilan la reforma judicial no recibieron todos los documentos que sobre las resoluciones de la emergencia, informe de labores, planes operativos y contratos laborales solicitaron al Consejo de la Judicatura (CJ).

Los observadores internacionales detectaron que “faltó proporcionar los informes de seguimiento y evaluación de la planificación del 2011 y 2012”.

Por eso, el presidente de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, pidió en esa cita que se entregaran los datos que faltaban. Un representante de la VI se reunió con Ximena Lastra, directora de Planificación; Martha Proaño, directora Financiera; Víctor Constante, de Infraestructura Civil, y otros servidores judiciales, pero los datos no llegaron.

“(Los funcionarios de la Judicatura) se comprometieron, hasta el 8 de agosto del 2012, a entregar la información (que faltaba) y otra relacionada con informes consolidados de inversión por provincias; número de puestos, grados y las respectivas remuneraciones del equipo establecido en el programa. Sin embargo, esta no fue proporcionada”. Así se indica en el segundo informe preliminar de la VI, el cual revela vacíos en la entrega de documentación.

Ese documento, de 72 hojas, fue presentado la mañana del jueves y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) solo hizo pública una copia de las últimas cinco páginas.

No obstante, este Diario accedió al informe completo. Allí se dice, por ejemplo, que Jorge Ludeña, coordinador de la Veeduría Nacional de Justicia que trabaja junto a la VI, se quejó de que la información solicitada no llega oportunamente y pidió a la Judicatura que preste la colaboración necesaria para que los datos fluyan de manera ‘transparente’.

De igual forma, el observador mexicano Porfirio Muñoz dijo: “Hemos visitado la infraestructura y no tenemos toda la información. Vimos muy poco sobre el funcionamiento del nuevo modelo de gestión”.

Lo mismo ocurre en el capítulo denominado ‘Medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura de Transición frente al primer informe preliminar’. Una de las 56 recomendaciones de ese documento, presentado en mayo pasado, plantea la creación de un reglamento de evaluaciones que garantice el desarrollo familiar, personal y laboral de los servidores judiciales.

Ante esa sugerencia, la Judicatura dijo que diseñó un sistema de exámenes periódicos para medir el desempeño del personal.

Tras conocer esa disposición, la VI agradeció a la Judicatura por la contestación sobre las medidas que implementa en ese ámbito, pero antes de “emitir cualquier valoración sobre el grado de cumplimiento de la sugerencia, precisa conocer los documentos y datos que menciona con el fin de emitir las valoraciones del caso”.

Algo similar sucede en la recomendación de mejorar la comunicación interna del sistema judicial. “La Judicatura ha contestado que cuenta con una estrategia de comunicación. La Veeduría precisa conocer dicha planificación, realizada en el tiempo transcurrido, para poder emitir una valoración sobre el grado de cumplimiento de la recomendación”.

Las sugerencias y cuestionamientos planteados en el segundo informe fueron recogidos por los cinco observadores internacionales que estuvieron en el país la semana pasada. Ellos visitaron a 420 servidores (jueces, secretarios y fiscales) en 179 unidades judiciales y fiscales de 13 provincias del país. Tras la presentación del segundo informe, la VI informó que el tercer reporte se dará a conocer a mediados de noviembre y el cuarto, en diciembre.

Otra observación se relaciona con las sugerencias planteadas dentro del campo de cooperación interinstitucional.

En ese contexto, la Judicatura señala que las recomendaciones deberán efectuarse en un marco de cumplimiento de cada institución y el reporte preliminar solicita que “se tienen que adjuntar los modelos, diseños o programas proyectados con el debido sustento metodológico”.

La Veeduría Internacional también solicita documentación sobre los avances en el fortalecimiento del estado plurinacional e intercultural. “Se solicita el informe sobre el ingreso de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, en calidad de funcionarios judiciales, así como también la ejecución de un previo mapeo geográfico donde exista mayor presencia de pueblos indígenas…”.

Obras de infraestructura

Según el segundo informe preliminar, en la primera fase se deben construir 40 obras. Ellas se distribuyen en 19 provincias, que serán edificadas al término del 2012. La segunda fase consta de 44 proyectos. Dentro de estos figuran tres obras emblemáticas: Corte Constitucional, Corte Nacional, Escuela Judicial. Esta fase se desarrollará desde agosto del 2012 hasta marzo del 2013.

La tercera etapa de obras trata sobre la ejecución de 117 proyectos que serán presentados en agosto a la Dirección General del Consejo de la Judicatura. Según Tania Arias, vocal del CJT, hasta el 2014 se entregará el presupuesto para las obras de mejoramiento en casas judiciales y arriendos de pequeñas y medianas oficinas