Tras recorrer los edificios judiciales de siete provincias del país, la Veeduría Internacional (VI) de la reforma de justicia señaló ayer que la mayoría es inadecuada y que urge un cambio en la infraestructura.
Para Baltasar Garzón, coordinador de la VI, el problema persiste “de una u otra manera” en la infraestructura de las provincias. “Quisimos ver la realidad de los lugares donde opera la Función Judicial. Se trata de analizar la distribución y escasez de espacios que, según nuestras observaciones, no responden a las necesidades de la gente en este servicio”.
La visita de Garzón y de los observadores Marigen Hornkol (Chile), Daniel Gurzi (Argentina) y Porfirio Muñoz Ledo (México) se realizó para recoger datos del modelo de gestión e infraestructura. Ellos llegaron el martes y se dividieron en recorridos por Loja, Zamora Chinchipe, Esmeraldas, El Oro, Manabí y Tungurahua.
Según el Consejo de la Judicatura se tiene previsto construir 187 obras en el país, donde operarán 1 347 jueces y 6 575 funcionarios administrativos. 33 edificaciones ya fueron terminadas. De estas, 23 corresponden a los juzgados de niñez, mujer y familia.
“En las obras se ha registrado un avance del 55%”, señaló la Judicatura en un informe.
Ayer, en Quito, los miembros de la VI se reunieron con los inspectores nacionales, con el Ministerio de Justicia y con los vocales de la Judicatura de Transición.
Las observaciones que obtuvieron durante su permanencia en el país integrarán el segundo informe que está previsto entregarse el 15 de agosto próximo.
Entre otras explicaciones, los miembros de la Veeduría señalaron que, además de la inspección de los edificios, solicitaron información sobre el sistema informático que se está instalando en la nueva infraestructura. “Debemos ver cómo opera ese sistema y de qué manera estarán conectados con las otras instituciones. Todo debe estar bien conectado para que funcione”, señaló Garzón.
Los observadores dijeron que es primordial iniciar una campaña informativa sobre la forma cómo ciudadanos pueden acceder a los servicios judiciales.
Para Infraestructura Civil se han destinado USD 119 millones de los 400 millones programados para la reestructuración judicial hasta enero del 2013.