Veedores de contratos de Fabricio Correa dicen que acatarán la pena de un año de prisión
El 15 de diciembre se realizó la audiencia por el caso Gran Hermano, en el que se sentenció a prisión a los veedores de los contratos de Fabricio Correa con el Estado. Foto: Diego Pallero / ELCOMERCIO
Los veedores Pablo Chambers y Gerardo Portillo, sentenciados a un año de cárcel por falso testimonio contra el presidente Rafael Correa, se quedarán en el país para enfrentar su pena.
El jueves, 16 de diciembre del 2016 la Corte Nacional de Justicia desestimó el recurso de casación que ambos presentaron para que se dejara sin efecto la condena que el tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha dictó en su contra en mayo del 2014. El último fallo de casación fue dictado por los jueces Miguel Jurado, Jorge Blum y Richard Villagómez.
Ayer, Chambers y Portillo dijeron que acatarán la pena e irán a prisión, una vez que agoten todos los recursos judiciales que les quedan, después de recibir la notificación de la sentencia.
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“Cumpliremos la sentencia, aunque los jueces han demostrado con su fallo que siguen básicamente la lógica del gobierno”, sostuvo Chambers, quien dirigió la veeduría nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana por pedido del presidente Rafael Correa.
Portillo sostuvo que el daño que toda la persecución judicial les ha causado es enorme, sobre todo para su familia, pues es él quien la mantiene.
Ambos veedores ratificaron que, de ocurrir, no aceptarán ningún indulto, pues han sido condenados injustamente, por un delito inexistente. “Nuestras conclusiones de que el Presidente sí conocía sobre la existencia de los contratos de su hermano Fabricio Correa están documentadas, así como la afirmación de que sus empresas recibieron más de USD 600 millones en contratos y subcontratos”, sostuvo Chambers.
Desde el 2012, el caso de los exveedores está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Chambers y Portillo dijeron que insistirán en que las instancias internacionales se pronuncien, en vista de que a nivel interno no han contado con garantías procesales y siempre han estado en indefensión.
