La garita de acceso al GIR sigue sin ventanas. El edificio principal igual. Adentro se limpiaron escombros y el zinc de los techos de los galpones luce destruido. En el cuartel, donde el jueves explotó un búnker, los policías casi no hablan y quienes deciden hacerlo piden el anonimato.
“No sabemos cuándo arreglarán esto”, dice un policía, mientras camina junto al árbol de Navidad y al nacimiento iluminados en la entrada principal del GIR.
Ayer, los constructores preparaban un informe sobre los daños internos en la unidad policial y del costo de las reparaciones. En la tarde, técnicos dijeron que los trabajos costarían USD 600 000.
¿Quién pagará esas readecuaciones? El informe de los técnicos pasará al Ministerio del Interior, para que se cubran los gastos. De hecho, esta Secretaría de
Estado pidió el lunes que el Ministerio de Finanzas desembolsará USD 1 millón para la emergencia.
¿Las instalaciones del GIR estaban aseguradas? En la Policía nadie responde esta pregunta. Hay hermetismo. Anoche, ante esa interrogante, el viceministro de Gobernabilidad del Ministerio del Interior, Óscar Bonilla, se remitió a pedir a este Diario se comunicara con los asesores de comunicación de esa Cartera.
Sin embargo, él ha seguido el tema. Desde el día de la explosión estuvo al frente de las operaciones en el GIR. Es más, al siguiente día de los hechos, Bonilla abrió y dirigió la rueda de prensa para explicar lo sucedido. Y solo después de que él interviniera hablaron los jefes policiales que lo acompañaban. El sábado entró a la zona cero y llamó la atención a un oficial que explicaba a los vecinos sobre las demostraciones que allí se hacían. Anoche, el Viceministro prefirió no referirse al tema y dijo que los asesores de comunicación tienen datos “más puntuales”.
Lo que sí se supo es que la póliza de Seguros Colonial únicamente cubre al edificio de la estatal Fabrec (ex Tecnistamp), que opera frente a la entidad uniformada.
Los trámites para cobrar ese seguro comenzaron la semana pasada y personal técnico de la firma realizó las evaluaciones del edificio de la firma. “Ya está toda (la evaluación)”, dijo Carlos Proaño, gerente de Fabrec que se dedica a la confección de ropa y calzado; fabricación de gases lacrimógenos, conos, toletes y escudos; y construcción de infraestructura.
Minutos después de la explosión, Interior firmó un Acuerdo Ministerial mediante el cual delegó a Fabrec para que tramitara los pagos de las viviendas afectadas por el estallido del búnker.
Para el concejal de Concertación, Fabricio Villamar, el hecho de que Interior cubra los gastos del GIR y de las viviendas aledañas debería ser observado. Dice
que de comprobarse que el GIR no estaba asegurado y que se usan dineros públicos, la Contraloría debería actuar. “Eso sería una falta de previsión en la administración. Ojalá no sea ese el caso”.
La Fiscalía recaba pruebas
Seis días después de la explosión, la Fiscalía aún recoge evidencias. El fiscal de la Unidad de Flagrancia, Pablo Santos, confirmó que este trabajo continuará hasta la próxima semana. Luego de ello, el expediente pasará a una unidad especial.
El caso deja vacíos. Por ejemplo, Bomberos confirmó que no autorizó el funcionamiento del búnker y que en sus registros no constan permisos pedidos por el GIR.
A esto se suma que el Municipio tampoco conocía que en el interior del Grupo había una zona de almacenamiento de explosivos.
Por ello, la concejal Elizabeth Cabezas pidió de inmediato informes de la Administración Zonal La Delicia y de Bomberos.
Ayer, este Diario intentó hablar con la administradora zonal, Soledad Benítez, pero en la oficina se dijo que la funcionaria no estaba autorizada para dar informes.
Santos sostuvo que estos temas serán parte de la investigación.
La ayuda a los vecinos
A la par que se valoran los daños en el interior del GIR, otros técnicos también trabajan en las viviendas. Las que están ubicadas en la entrada principal al Grupo, ayer permanecieron cerradas.
La Casa Hogar del Ministerio de Inclusión Social aún está en reparación. Jardineros y técnicos en vidrios trabajaban en el interior.
En la unidad educativa El Paraíso se viven otras escenas. Los niños ya están en clases y ayer fueron visitados por dos psicólogos (hay 10) que envió la Policía. Víctor Coyago es uno de ellos y dice que en cuatro centros han atendidos a unos 600 menores. “Tenemos cinco niños que han requerido atención psicológica”.
Kevin tiene 7 años y ayer recordó que el día de la explosión sintió un temblor fuerte y vio cómo los vidrios de una casa cercana cayeron en el patio de la escuela.
Destrucción de armas
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que a las 10:00 de hoy se destruirán
3 903 armas y accesorios incautados en el 2011. Allí están ametralladoras, carabinas, cartucheras, escopetas, pistolas, revólveres, pistolones, etc.
La operación se realizará en la I División de Ejército Shyris. Y a las 12:00 la destrucción se concretará en la empresa Adelca, ubicada en el sector de Alóag, vía a Santo Domingo de los Tsáchilas.
En la página oficial del Ministerio del Interior están publicadas una siete noticias relacionadas a la explosión. En la última se dice que las personas afectadas fueron atendidas por el denominado Comité de Crisis.
Los psicólogos de la Policía dijeron que no darán solo una atención a los afectados, sino que esto será permanente.