Tribunal decide si levanta prisión preventiva de Glas
Desde la izquierda: los magistrados José Layedra, Iván León y Javier de la Cadena. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
La sala de audiencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se llenó poco a poco. A las 16:00 arrancó el juicio por el caso Singue, una presunta trama de corrupción que estalló en el 2017 y que involucra a 15 personas, entre ellas a Jorge Glas y a dos exministros de la era del correísmo: Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.
Una vez iniciada la diligencia judicial, el abogado de Glas, Harrison Salcedo, solicitó al Tribunal que levantara la orden de prisión preventiva que pesa en contra de su cliente. Según el jurista, la petición se planteó para que la figura no caducase, como ya ocurrió en el caso Sobornos 2012-2016.
La prisión se dictó el 13 de marzo del 2019. Esto quiere decir que la disposición vence hoy. Así lo dispone el Código Integral Penal (artículo 541).
La norma sostiene que la prisión preventiva “no podrá exceder de un año, en los delitos sancionados con una pena privativa mayor a cinco años”. El peculado, que es lo que se investiga en este caso, es castigado con cárcel de hasta 13 años.
Salcedo manifestó que la orden de detención no cabe, porque su defendido ya está preso por la trama de Odebrecht y su comparecencia en el proceso legal “está garantizada”. “Por el bien de todos los sujetos procesales y para que no sean atropellados en sus derechos, con un juicio relámpago, tratando de detener a las defensas, lo más decente y legal es que hoy se deje sin efecto esa orden”.
El abogado de Pareja, Miguel Revelo, realizó el mismo planteamiento, pero aclaró que la medida legal dictada en contra de su cliente caducó ayer.
Luego de estos planteamientos, el Tribunal entró a deliberar y la decisión será conocida a las 08:30 de hoy. Secretaría de la Sala analizará la fecha en la que se les dictó la medida penal y si los peticionarios dilataron o no el proceso para que caducara la prisión preventiva.
Antes de que los magistrados dejaran la sala, Glas habló por medio de videoconferencia y pidió “igualdad de condiciones” para él y para Pareja, pues sostuvo que “los otros procesados no tienen orden de prisión preventiva”.
Este caso lo manejan los magistrados Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra.
El nombre de los dos últimos se conoció a las 08:00 de ayer, cuando las partes fueron notificadas. Inicialmente, quienes debían tomar a cargo el tema, a más de León, eran Marco Rodríguez y Wilman Terán.
Pero solicitaron licencia, que fue aceptada por la Presidencia de la Corte Nacional.
Entre las personas señaladas en este proceso también está Silvana Pástor, hija del exministro Pástor. Ella llegó ayer con su defensa y dijo que no cometió delito alguno. “Queremos un caso apegado a derecho, un caso en justicia, en donde no se emitan juicios de valor, en donde no se juzgue con base en los prejuicios y se puedan revisar las pruebas que hemos presentado durante un proceso de dos años y medio. Que no se repita lo de la audiencia preparatoria de juicio, en donde no se tomó en cuenta ninguna prueba presentada”.
Este proceso se inició con un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General del Estado, en donde se señala que la adjudicación del campo petrolero Singue no cumplía
los requisitos de licitación.
Según las investigaciones, en el 2012 la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio formado por las empresas Dygoil y Gente Oil suscribieron un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos, para su explotación por 20 años.
Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el presunto delito se habría cometido en el momento de realizar el cálculo de USD 33,5 por barril de petróleo, para la explotación del bloque “sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas”. Ese hecho habría generado un perjuicio para el Estado ecuatoriano de unos USD 28,4 millones.
En una audiencia anterior, realizada en noviembre del 2019, la Fiscalía presentó 120 elementos, entre informes periciales contables y de negociación petrolera. Así sustentó la acusación penal.
Los involucrados dicen ser inocentes. Pablo Encalada, abogado de cuatro de los 15 procesados, pidió que se suspendiera la audiencia de juicio hasta que se supere la emergencia sanitaria por el covid-19. Aseguró que dos de sus patrocinados son de la tercera edad y su salud “está en riesgo”.
De hecho, a la entrada de la Corte dos personas con trajes esterilizados y mascarillas tomaron la temperatura a los asistentes. Luego, otro especialista entregó dosis de gel antibacterial y colocó un ‘sticker’ para distinguir a quienes pasaban los controles. Solo así pudieron subir al octavo piso.
“La audiencia fue convocada de forma bastante atropellada”, cuestionó el abogado Encalada al finalizar la tarde.
