Las llamadas se realizan desde números desconocidos. Detrás de la línea hay una persona que asegura ser el cabecilla de una banda delictiva. “Te tenemos vigilado. No te va a pasar nada si cooperas”, es la primera frase que dicen.
De inmediato, quien llama afirma que una persona le ha pagado USD 1 000 para asesinar a un miembro de su familia y que si quiere evitarlo debe pagar más.
Esto le ocurrió a José Luis, un joven de 35 años, hace tres semanas. Él cuenta que eran cerca de las 20:00 cuando su teléfono sonó. El hombre que se comunicó con él dijo que tenía dos días para transferir USD 3 000 antes de atentar con la vida de su pequeño hijo, de 10 años.
José Luis se paralizó del miedo y empezó a pedir dinero prestado a su familia para evitar un daño a su pequeño. Un primo le dijo que diera aviso a la Policía antes de depositar ese monto. El joven fue a las instalaciones de la Policía Judicial, en el norte de Quito, y ahí se enteró que este es un mecanismo que usan las mafias para tener fondos.
Algo similar le ocurrió a Noemí, una madre de familia que vive en Ambato. A través de una llamada, un hombre le dijo que era el jefe de un cartel del narcotráfico. El sospechoso la intimidó diciendo que tenía ubicados su casa y su negocio. También ofreció parar el ataque si le cancelaba USD 4 000.
Datos oficiales de la Policía revelan que este tipo de llamadas extorsivas o amenazantes se incrementaron en 2021. Ese año se registraron 1 628 comunicaciones de este tipo. En 2020 hubo 1 210. Y en este 2022 ya superan las 244.
Protección de víctimas
Por todo eso, la Policía ha dispuesto la habilitación de servicios para proteger a las víctimas.
La primera es a través de una unidad que investiga los secuestros y las extorsiones. Se trata de la Unase. La Policía advierte que esta unidad tiene mecanismos para proteger a las víctimas de cualquier ataque. Ellos monitorean los teléfonos de los que se comunican los extorsionadores y pueden dar con la ubicación de la amenaza.
Además, evalúan las características que tiene la víctima para encontrar posibles vulneraciones a su lugar de residencia, trabajo o sitios que frecuenta. Para acceder a esta unidad, la persona debe comunicarse primero con el ECU-911. Ellos delegarán el caso a una Unidad de Policía Comunitaria para que revise lo sucedido.
Precisamente, esta es la segunda vía que tienen las personas para protegerse. La Policía tiene un plan nacional de botones de pánico o auxilio. Esta iniciativa consiste en registrar un número de teléfono en el celular de la persona para que apenas lo marque un patrullero llegue hasta su domicilio.
Además, se puede solicitar custodia policial del inmueble con una orden judicial. Esta sería la tercera vía de protección. Pero para acceder a este servicio se debe poner una denuncia en la Fiscalía.
La entidad puede solicitar a un juez medidas de protección para evitar ataques. Incluso, si el caso es de suma gravedad, la institución goza de un plan de protección de víctimas y testigos.
En este servicio, las personas pueden ser resguardadas en sus casas o son llevadas a otros sitios para mantenerlas bajo una custodia más rigurosa. Las víctimas pueden ser trasladadas a otras ciudades e incluso a otros países.
La información de las personas que han accedido a estas protecciones es reservada. Pero agentes de la Fiscalía confirman que sí han tenido casos por llamadas amenazantes.
La Fiscalía y la Policía recomiendan a las personas no compartir sus datos personales ni números telefónicos en redes sociales o en campañas publicitarias. Estas son las primeras conexiones que tienen las bandas para conseguir los contactos de sus víctimas.