El Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) destituyó a los jueces de Guayas: Jorge Guzmán Navarrete, Ronald Guerrero Cruz, Carlos Díaz Barreno y Pedro Granja Angulo.
Los tres primeros fueron sancionados por supuestas faltas “disciplinarias gravísimas” sustentadas en casos que llevaban a cargo. Mientras que a Granja se lo destituye porque paralizó el servicio de justicia durante una jornada de protesta, realizada el 20 de abril de 2011 en los exteriores del auditorio de la Corte de Guayaquil.
Según la resolución de la Unidad de Control Disciplinario CJT, Granja propició y organizó actividades para paralizar la justicia, lo cual es sancionado con destitución por el artículo 108 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Pero Granja, también secretario de la federación Nacional de Abogados, se defiende. Dice que aquel día, el Colegio de Abogados del Guayas hizo una manifestación a las 12:00 en los exteriores del auditorium de la Corte contra la corrupción judicial. “A esa hora no había la más remota actividad judicial, porque María Leonor Jiménez, como Presidenta de la Corte a la fecha, había ordenado que las actividades de todos los judiciales se suspendían a partir de las 11:00, para que todos asistieran a la sesión solemne y luego, no abrieron la Corte”, indicó.
Para Juan Vizueta, vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, en el caso de Granja hay represalias, porque la destitución no cabe en el caso de jueces que no están en funciones. Hace siete meses dejó de ser juez temporal Granja, dijo.
“Es lo más absurdo que se ha dado. Se destituye al que está en funciones, pero no se puede destituir a quien no está en funciones”, expresó Vizueta.
Comos secretario del gremio, Granja “también ha sido artífice dentro de las acciones que ha tomado el colegio en la persecución no solo en los actos de corrupción en el caso de los comisarios del Guayas, sino del padre del vocal Consejo Nacional de la Judicatura. Porque recordemos quien está a cargo de esta destitución es Fernando Yávar Gutiérrez, hijo del más grande corrupto de los fiscales en el Guayas”.
Algo que enfatiza Granja. “A mí no me sacan por corrupto ni sinvergüenza, me persiguen por mi posición frontal contra esta gente abusiva, me quieren sancionar dos veces por haber denunciado a Yávar hijo y luego por haberme atrevido a denunciar a Yávar padre…”, expresó.
Sobre la sanción a los jueces Guzmán, Guerrero y Díaz, dijo desconocer detalles. Aunque reconoció que ellos sí estaban en funciones y le sorprendió la información, porque los tres “han estado aplaudiendo las acciones del CNJ”.
Según una publicación de la agencia estatal Andes, en el caso de Guzmán, titular del juzgado séptimo de Garantías Penales, la penalidad se dio porque dictó auto de sobreseimiento provisional a favor del capitán de Policía Guillermo G., imputado por el delito de violación contra una menor de 14 años. El funcionario adujo que nunca encontró el nexo causal entre la infracción y el imputado, desconociendo las pruebas aportadas por al Fiscalía en las etapas de indagación previa e instrucción fiscal.
Sobre Guerrero Cruz, juez décimo tercero de Garantías Penales, el CJT indica que el servidor judicial en providencia del miércoles 10 de febrero de 2011, concedió el recurso de nulidad y negó el recurso de apelación planteado en contra del auto de llamamiento a juicio, dictado en contra de Carlos T. y dispuso que se remita el expediente No. 1259-2010 a la Corte Provincial de Justicia. Declaró culpable y sentenció a 30 años de reclusión especial a Toaza Cando por los asesinatos de dos marinos: Édison Z. y Carlos B., el 23 de mayo de 2010.