Los patios del desaparecido Servicio de Inteligencia Criminal (SIC) se llenaron ayer. Cerca de cuarenta sillas, forradas con telas blancas, bajo una carpa, fueron ubicadas en este lugar donde supuestamente se cometieron abusos contra los derechos humanos en el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988.
Hasta ese lugar llegaron familiares de quienes fallecieron en el asalto a la farmacia Fybeca (Guayaquil), Joyería Terranova (Quito) y en la muerte del joven Damián Peña (Cuenca).
En este evento, el Ministerio del Interior pidió oficialmente a la Policía que se reabran las investigaciones sobre los hechos.
El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, dijo que es una obligación del Gobierno evitar la impunidad y dar apertura para que la indagación avance.
Hasta ahora, los tres casos prácticamente estaban archivados. No obstante, la Comisión de la Verdad los recogió, para que se investigara en la Fiscalía.
El comandante (e) de la Policía, Florencio Ruiz, manifestó que se investigarán los hechos y que se intentará llegar a la verdad de lo ocurrido.
Dolores Guerra, Dolores Vélez y Dolores Briones, esposas de los tres fallecidos en Guayaquil acudieron con carteles.
También estuvo Alexander Cadena Polanco, quien fue arrestado como presunto responsable del asalto en Terranova y Sonia Bonilla, madre de Damián Peña, asesinado en el 2002 durante las manifestaciones en contra del alza de los combustibles en Cuenca.
María Dolores Guerra exige justicia. A su juicio, los 21 uniformados que participaron en el hecho “deben ser separados definitivamente de la entidad”.
A ese criterio se une el de Dolores Vélez, cuyo esposo, Carlos Almeida, falleció al momento de comprar pañales para su pequeña hija, quien en ese tiempo tenía siete meses. Así recuerda su esposa ese episodio.
Ella relata que lo dispararon por la espalda. Desde ese momento, su vida cambió para siempre porque “tiene que cuidar a su hija como padre”.
Las tres Dolores acudieron en representación de 12 familias afectadas por el caso. Vélez afirmó que los antecedentes de Eduardo González, oficial que lideró el operativo de ese entonces es cuestionado. “Se le debería quitar el uniforme. Por eso estoy aquí. Ellos no deberían estar en la institución”, agregó.
Cadena, que estaba acompañado por su padre, Miguel, dijo que tomará acciones legales cuando sea pertinente. Él afirma que un grupo de uniformados le obligó a firmar un documento en el que asumía la responsabilidad del robo en la Joyería Terranova.
Tras un juicio, Miguel Cadena logró que su hijo sea declarado inocente. Por eso, ahora pide que se castigue a los culpables.