El traslado de presos, un factor que elevó la violencia
120 policías realizaron inspecciones en la cárcel de Quevedo, tras seis asesinatos. Foto: Policía
La noche fue agitada en la cárcel de Quevedo. Más de 120 agentes de la Policía ingresaron armados con pistolas, fusiles y chalecos antibalas para inspeccionar las celdas de los 752 presos que habitan en ese centro carcelario.
En total, hubo tres intervenciones entre el jueves 12 y ayer, 13 de agosto del 2021. En cada inspección, los agentes recabaron información de cómo se perpetraron los asesinatos de seis presos que estaban en una zona de resguardo temporal.
Los primeros informes revelan que los perpetradores cruzaron las seguridades de los pabellones hasta alcanzar a sus víctimas y acribillarlas.
Previo al ataque, los reos ya habían lanzado una alerta.
Dos horas antes, la abogada de dos de las víctimas presentó un escrito solicitando su traslado de ese centro carcelario porque “no se sentían seguros”. Ahora, los agentes indagan si la orden de asesinarlos vino de Los Choneros o de Los Lobos, dos bandas que tienen células en al menos seis centros carcelarios del país.
Informes de la Policía detallan que estas redes son las responsables del incremento de la violencia durante el 2020 y 2021. Solo en los últimos ocho meses, el Servicio de Rehabilitación (SNAI) reportó 118 muertes en las cárceles.
Una de las estrategias que han adoptado para reducir los niveles de violencia es la reubicación o el traslado de detenidos a otros centros carcelarios. En los últimos dos años, se ha movilizado a distintos penales a 3 815 presos.
Pero la Defensoría del Pueblo dice que la reubicación se realiza bajo informes de seguridad, y no se toma en cuenta la separación de detenidos por grados de delitos.
Es decir, se coloca a un preso de gran peligrosidad con alguien que paga una condena por un ilícito menor.
"Eso genera que la violencia se agrave y no garantiza la seguridad de los privados de libertad”, señala la Defensoría.
Aunque no de forma masiva, a la cárcel de Quevedo también han llegado presos de otras ciudades. Hoy se investiga si la violencia desatada el jueves tiene relación con eso, ya que en los últimos tres años no había ocurrido algo así.
Cuando se reúna el Organismo Técnico de Rehabilitación, la Defensoría planea pedir que se analice cómo se están realizando los traslados.
El último funcionario que presidió ese organismo fue Gabriel Martínez, exministro de Gobierno. En marzo pasado, sostuvo que la idea de los traslados era la separación de integrantes de bandas rivales.
Precisamente, tras la mayor masacre que dejó 79 presos muertos, se movilizó a más de 400 detenidos. Entre ellos estaban cabecillas de bandas narcodelictivas, como Los Choneros, Tiguerones, Los Gángster, Chone Killers y otros.
Una de las cárceles a las que llegaron fue la de Cotopaxi. Cinco meses después, allí se concentró otra guerra que dejó 27 muertos.
Investigaciones desarrolladas señalan quelas mafias aprovechan los traslados para expandir sus redes.
“Llegan los cabecillas y empiezan a reclutar nueva gente. En pocos meses, la banda crece en cada cárcel a la que van sus aliados”, dice un oficial.
Los agentes ya han visto este efecto en países como Brasil.
Allí, la banda denominada Primer Comando Capital (PCC) se expandió por todos los estados, luego de que sus hombres fueran trasladados a reclusorios vecinos.
En Ecuador, los agentes también tienen datos de que los ataques violentos ocurridos en febrero en Turi fueron originados por presos que llegaron desde Guayaquil.
En esos ataques, la Policía identificó que las bandas tienen sistemas de comunicación. Así se ponen de acuerdo para perpetrar amotinamientos o ataques simultáneos en Guayaquil, Cotopaxi y Azuay.
