Las trabas para legalizar su estadía, redujo el flujo de haitianos un 95%

Tres alumnos en la familia. Los hijos de Josué A. y Mirlene N., de entre 10 y 14 años, estudian en Calderón. Hablan con fluidez el español. Foto: EL COMERCIO

Tres alumnos en la familia. Los hijos de Josué A. y Mirlene N., de entre 10 y 14 años, estudian en Calderón. Hablan con fluidez el español. Foto: EL COMERCIO

La historia del haitiano Josue A. en el Ecuador no comienza con el terremoto de enero del 2010. Se remonta al 2009, cuando su esposa Mirlene N. fue la primera en abandonar su país. Pero solo hasta junio el asentamiento de los isleños en Quito tomó un giro: Josue fue detenido por Migración y su proceso, enviado a consulta a la Corte Constitucional (CC).

Su caso llama la atención de organizaciones como el Servicio Jesuitas a Refugiados y Migrantes (SJRM). “Se espera un pronunciamiento de la Corte sobre ciertas prácticas que tienen que ver con violación de derechos que consagra la Constitución como la libre movilidad”, dice Juan Villalobos, director adjunto del SJRM.

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Villalobos se refiere a la detención de Josue A., el 12 de junio último. Ese día fue aprehendido en una calle de El Batán, en el norte de Quito, sin papeles que justificaran su permanencia en el país. Estuvo tres días en el Albergue para Ciudadanos Extranjeros en proceso de Deportación, un lúgubre hotel en el Centro Histórico.

En la audiencia, la jueza Jeaneth Chauvín, de la Unidad Judicial I de Contravenciones de Pichincha, encontró una contracción entre la Ley de Migración y la Constitución que protege la unidad familiar y el libre tránsito. Por eso dejó al caribeño en libertad, con la condición de que se presentara cada 15 días ante esa instancia y que su permanencia en el país sea analizada por la CC.

Según Maribel Melo, abogada de Josue A., este caso devela el manejo de la movilidad humana en el Ecuador, “no solo para los haitianos, sino en general”. En la CC se informó a este Diario que no se ha tratado hasta el momento una causa sobre deportación.

Josue A. espera la definición de su situación en un pequeño departamento, en el norte de Quito. Una mesa con seis sillas y un escritorio con una computadora dejan el mínimo espacio para transitar en su sala. Es domingo. Su familia y amigos han asistido antes a la Iglesia Cristiana, como lo solían hacer todas las semanas en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

“Nunca estuve en una situación así”, responde en ‘creole’ (idioma popular de su país). A Josue A. se le hace fácil entender español, pero lo habla con esfuerzo. Por eso, esta tarde de domingo un par de amigos y compañeros de iglesia le ayudan en la traducción.

En Quito, viven aproximadamente 400 isleños, según la Comunidad de Haitianos Cristianos. En el país la cifra llega a 2 000, estima el SJRM.

Josue A. es uno de los isleños que busca regularizarse para poder trabajar, pero ha encontrado dificultades durante el proceso. Una de estas es acceder al certificado de antecedentes judiciales, requisito para una visa. Esta disposición rige desde el 2 de agosto del 2011 (Registro Oficial 504).

En su página web, la Cancillería aclara que el documento debe ser emitido en el país de origen del extranjero o en el país donde ha residido los últimos 5 años; además de exigir el apostillado o legalización en el consulado del Ecuador en el país que lo otorga.

En otras palabras, Josue A. debería volver a Haití y vivir cinco años allí para obtener el papel. “Haití no tiene infraestructura. La posibilidad de tener sistemas de comunicación y documentación es imposible”, dice Villalobos.

“Estamos huérfanos”, revela Emmanuel Pierre, vocero de la Comunidad de Haitianos. Se refiere a que no tienen una representación diplomática en el país. Las embajadas más cercanas están en Venezuela, Panamá y Chile. En su última visita a Quito, el presidente haitiano, Michel Martelly, ofreció abrir un consulado que atienda a sus ciudadanos.

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Más haitianos abandonan Ecuador a falta de papeles

Entre el 2010 y el 2011, el flujo migratorio de haitianos al Ecuador bajó un 95%, según el último Informe sobre Movilidad Humana Ecuador 2011, de la Coalición por las Migraciones y el Refugio, que hoy se presenta, a las 18:00, en la Universidad Católica. Los obstáculos para regularizar la permanencia han provocado el descenso de esa llegada, precisa.

Según la Policía de Migración, en el 2011 ingresaron 2 545 isleños y salieron 2 547. La conclusión del informe de Movilidad es tajante: “Lo que evidencia que esta población ya no permanece en territorio ecuatoriano, sino que se lo considera como país de tránsito”. Incluso habla de “traficantes” de haitianos que usan varias rutas “para llevar a sus víctimas de Haití hacia Brasil” y la más común pasa por Ecuador (ver infografía).

Pero quienes se han quedado, viven situaciones precarias por la falta de empleo, según lo denuncia Pierre. “Hay compatriotas que están siendo mantenidos por sus familiares de Haití o de Estados Unidos”. Asegura que la mayoría de isleños, de entre 18 y 43 años, no consigue trabajo; sin documentos, vive de forma precaria.

Josue A. llegó en el segundo flujo de haitianos hacia Ecuador, empujados por el terremoto. El primero fue en el 2009, un año después de que el Gobierno eliminara la visa para ingresar al país, dice Villalobos. Otros vinieron atraídos por la dolarización.

Pero Josue tiene dos razones para quedarse: por la educación de sus hijos y porque lo perdió todo en el terremoto, que segó más de 222 000 vidas. En el país más pobre de la región, 400 000 personas aún viven en tiendas de campaña, según la Organización Internacional para las Migraciones.

El episodio del terremoto es relatado con claridad por el primero de sus tres hijos. Tiene 14 años y habla con facilidad innata el español. Es el traductor de la casa. Pero al referirse al fenómeno saca una onomatopeya de su memoria y lo llama el “gudú-gudú”.

Tres meses después del sismo, Josue A. y sus tres hijos hicieron maletas y viajaron al Ecuador para reunirse con Mirlene N., quien vivía en Quito desde el 2009. Es la única de la familia que tiene una visa humanitaria, que el Gobierno ecuatoriano le otorgó por encontrarse en el país antes de la tragedia que azotó a su país.

Mirlene N. escucha la conversación desde la cocina contigua a la sala. Esa tarde preparaba arroz con fréjol y lo que llama verde presado (patacón). Su salida de Haití tiene otro matiz. Dueña de un puesto de ropa en un mercado de Puerto Príncipe fue amenazada por la delincuencia. Un día ingresaron a su puesto y le robaron sus ingresos de una semana. Entonces decidió viajar para garantizar la educación de sus hijos.

Mantenerlos en una escuela, después del terremoto, se volvió una tarea casi imposible para Josue A. Las escuelas de su país cerraron. Quiere que sus hijos se eduquen para contribuir a “reducir el analfabetismo de Haití”.

Ella es la única que ha conseguido trabajo. Mirlene N. tiene las manos ásperas como lija. Templa vidrio en una fábrica de parabrisas, 10 horas diarias de lunes a viernes, y el sábado hasta el mediodía.

25 isleños refugiados

Por país, Haití se ubica en el octavo lugar de extranjeros con refugio en el Ecuador. Según datos de  la Cancillería, existen 25 isleños con este estatus. El primer país es Colombia con 53 815 ciudadanos refugiados.

El 11 de julio, el presidente haitiano, Michel Martelly, se reunió con el mandatario Rafael Correa. Tras la cita, Correa anunció una ayuda de 15 millones de dólares en proyectos de infraestructura para Haití.

Esa es la segunda fase de la ayuda ecuatoriana tras el sismo. Correa explicó que en la etapa inicial, ejecutada en los dos últimos años, Ecuador invirtió 13,5 millones de dólares para construir 138 puentes asfaltados, mejorar unos 175 km de carreteras, limpiar canales de riego y construir sistemas de alcantarillado.

Punto de vista

Luis  Fernando Ávila. Experto en movilidad humana

La Ley de Migración se hizo en la dictadura    

Me parece que existe un punto ciego en la legislación, porque en la deportación se juegan derechos importantes como la libre movilidad, la residencia, así como el derecho a un debido proceso. Lo grave es que cuando no es (una instancia) jurisdiccional, sino el que trata estos temas es solo la administración (Ministerio de Gobierno), el que decide es juez y parte. La Ley de Migración y de Extranjería se hicieron en la dictadura.

Las políticas de migración no han cambiado desde los años setenta. Si la Corte llegara a tratar este caso debería establecer nuevos estándares.

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