El juez español Baltasar Garzón reivindicó ayer su “derecho a la inocencia”, al concluir el primer juicio por prevaricación en su contra. Él enfrenta un juicio por presuntas escuchas telefónicas ilegales en su país. “Asumo las decisiones. Fueron tomadas en cumplimiento de la más estricta legalidad”, dijo ante el Tribunal Supremo en Madrid.
Frente a esos cuestionamientos, Garzón fue elegido por el Ministerio de Justicia como coordinador de la Veeduría que interviene en el proceso de reestructuración de la Función Judicial en Ecuador. Al momento de ser elegido, el magistrado garantizó“la independencia de la Veeduría frente el Régimen ecuatoriano”.
Como primera parte de su trabajo, los veedores monitorearon el proceso de evaluaciones a los funcionarios judiciales, pero no intervinieron en el proceso de selección de jueces para la nueva Corte Nacional de Justicia.
Aunque el proceso de reestructuración se inició en agosto con la conformación del Consejo de la Judicatura de Transición, apenas el 26de noviembre, los veedores llegaron al país para firmar un acta de compromiso y recibir sus acreditaciones para ser vigilantes de la reforma, es decir tres meses después de iniciado el proceso.
Se reunieron por primera vez y asistieron a la rendición de pruebas psicológicas de los servidores judiciales. Tenían previsto, al igual que los informes, hacerlo en tres ocasiones hasta que culmine la reestructuración (18 meses): una en marzo y julio del 2012 y otra en enero del 2013.
Durante el juicio de tres días, Garzón insistió en que las escuchas telefónica se realizaron en el 2009 para impedir que continuara el blanqueo de capitales. El juez dijo que autorizó las escuchas por tener indicios de que los acusados y sus abogados harían una maniobra de blanqueo de más de 20 millones de euros en sobornos, depositados en cuentas en paraísos fiscales.
Los abogados de los cabecillas encarcelados por supuestos actos de corrupción presentaron una querella contra Garzón por considerar que las escuchas de las conversaciones en prisión violaban el derecho a la privacidad y estaban destinadas a descubrir la estrategia de la defensa.
“Las decisiones que tomé fueron guiadas a la protección de los derechos de las partes”, afirmó. “En ningún momento se violentó el derecho de defensa, se lo protegió”, aseguró Garzón, de 56 años.
Se prevé que el Tribunal español dé a conocer la sentencia en los próximos días. Si es condenado se enfrentará a una inhabilitación de entre 10 y 17 años. Lo que implicaría su expulsión de la carrera judicial.
Garzón afrontará el segundo juicio el martes próximo. Para la organización Amnistía Internacional “es escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia y la reparación para las víctimas de una violación masiva de derechos humanos”.