Los directores provinciales del Consejo de la Judicatura (CJ) realizaron ayer las primeras inspecciones en las notarías que operan a escala nacional.
El objetivo fue verificar que se cumpla con la resolución 032-2012 del CJ, que establece nuevas tasas por servicios notariales y que entró en vigencia a partir de ayer en el país.
Según la Judicatura Transitoria, a las 14:00, los directores provinciales visitaron todas las notarías existentes y verificaron que se aplique la disposición oficial.
En Quito, cuatro equipos de ese organismo llegaron a las notarías y realizaron las inspecciones, mientras los usuarios realizaban sus trámites en las oficinas.
La disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura señala que 437 notarios y notarías deben cumplir la nueva normativa; de lo contrario, serán destituidos como lo determinan los artículos 109 y 303 del Código Orgánico de la Función Judicial.
La medida también se aplicaría si los depósitos que le corresponde al Estado no se realizan dentro de los primeros 10 días del siguiente mes al que se realizó la declaración de los ingresos.
Mientras los funcionarios hacían los controles, una mujer se quejó por “mala atención” y “por cobro excesivo en los trámites”.
Los equipos de control revisaron las facturas y la nómina de los empleados. La idea era cotejar con los talonarios emitidos en meses anteriores y verificar si cumple o no con la reducción de las tarifas.
Los nuevos valores por los servicios contemplan reducciones desde el 1,35% hasta más del 80%, con relación a los anteriores aranceles.