En octubre, el Presidente propuso la consulta sobre paraísos. Un grupo lo apoyó. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Una ‘trama tributaria’. Esos términos utiliza el Servicio de Rentas Internas (SRI) para describir el mecanismo que emplearon seis empresas que operan en Ecuador, para sacar dinero sin pagar impuestos.
Las seis compañías aparecieron en los Papeles de Panamá y ahora, un año después de esa filtración, el SRI asegura que ha podido recuperar USD 66,1 millones de estas firmas. El 99% de ese rubro fue retenido a una sola empresa, que habría sacado unos USD 40 millones de forma irregular.
En las investigaciones se descubrió que esa compañía activó una ‘offshore’ en Suiza, con la ayuda del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, y realizó pagos por asesorías que “nunca existieron”.
“Utilizaron una figura legal que se denomina abuso de convenio, para evitar la doble imposición, para hacer esos pagos. Ahí se reveló la trama”, dijo Leonardo Orlando, titular del SRI. Por esos trámites, la firma pagó comisiones del 5%.
Los 66,1 millones provienen de tres rubros: impuesto a la renta, retenciones de este mismo tributo e impuesto a la salida de divisas.
A un año de los Papeles de Panamá, la investigación que reveló dinero oculto de personajes públicos de todo el mundo, el SRI también dice haber descubierto más ‘offshores’ conectadas con ecuatorianos.
Inicialmente, cuando estalló el escándalo, la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló al menos 1 152 empresas de papel en Panamá. Ahora, 12 meses después, los seguimientos locales han detectado 2 112 firmas vinculadas con funcionarios y empresarios ecuatorianos.
Además, se conoció que no solo Mossack Fonseca ayudó a activar ‘offshores’ en Panamá.
En la lista del SRI aparecen Arias Fábrega; Galindo, Arias y López; Morgan & Morgan; y Sucre, Arias y Reyes.
Aunque los movimientos de dinero que se hicieron a través de estos estudios jurídicos no superan los USD 2 millones, las autoridades reconocen que esto sirve como una “alerta”.
Desde el mes pasado, también se analiza un proyecto de ley en la Comisión de Justicia de la Asamblea. En ese texto se propone que los funcionarios públicos no mantengan cuentas o bienes en paraísos fiscales.
El asambleísta Christian Viteri, integrante de esa Mesa Legislativa, asegura que este proyecto tiene un buen propósito y la idea es que el dinero de los empleados estatales sea repatriado desde paraísos fiscales.
La semana pasada, en cambio, el SRI hizo observaciones al proyecto. El director de esa entidad sugirió que se levantaran dos listas de naciones consideradas como paraísos fiscales: una para detectar a los funcionarios públicos con bienes en el extranjero y otra para investigar posibles casos de defraudación tributaria.
Según el texto que se analiza en la Mesa de Justicia, los empleados estatales tendrán hasta el próximo 6 de marzo del 2018 para ‘deshacerse’ de las cuentas y bienes que tengan en paraísos fiscales. De no cumplir esa disposición, serán desvinculados de sus puestos.
Javier Bustos, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, considera que se debe investigar la finalidad de cada ‘offshore’. “Tener una de estas empresas no demuestra nada por sí solo. Hay que rastrear si se la utiliza con fines ilícitos, como la evasión o el lavado”.
Por ahora, solo se conoce que hay 20 288 funcionarios que movieron 14,6 millones, principalmente a Panamá, Luxemburgo, Puerto Rico, Andorra, San Vicente y Chipre. Esto equivale a que cada funcionario movió apenas USD 700.
Orlando reconoció a este Diario que esos montos no son altos y que ahora se deben indagar otros detalles. Por ejemplo, si las cuentas bancarias constan en las declaraciones patrimoniales, si los rubros transferidos guardan relación con sus ingresos o el tiempo que lleva activa la cuenta. Esos cruces aún no se han hecho.
En contexto
El 3 de abril se cumplió un año de los Papeles de Panamá, la investigación que reveló dinero oculto de al menos 140 personajes públicos de todo el mundo. A raíz de esa filtración, Ecuador activó procesos penales e investigaciones a nivel tributario.