Soldados vigilan pueblos de la frontera con Colombia; aún faltan servicios
El 18 de enero del 2021, militares patrullaron la población de El Pan, en la frontera. Foto: FF.AA.
Son pueblos pequeños del Ecuador. Se encuentran en medio de la selva y solo un río los separa de Colombia. Se trata de Labores Agrícolas, La Cadena, Corriente Larga, Mataje y El Pan. Todos son parte de San Lorenzo, en Esmeraldas.
Hoy, soldados entran a esos sitios y patrullan. Dicen que hace tres años era diferente.
Luego del ataque al cuartel de la Policía Nacional, la madrugada del 27 de enero del 2018, los milicianos de la exguerrilla de las FARC generaron pánico en estos recintos.
120 familias de El Pan abandonaron el sitio. “No sabemos cuándo podremos volver”, decía en ese entonces una mujer que se refugió en San Lorenzo.
Ahora han vuelto a ocupar sus pequeñas casas. “La amenaza principal aún son los grupos armados ilegales colombianos, pero las circunstancias no son iguales a las del 2018”, dice el contralmirante Diego Sosa, jefe del Comando de Operaciones Norte Esmeraldas.
Tras la escalada de violencia, a la zona fronteriza llegaron unos 10 000 militares y policías. Conforme se redujeron las amenazas, el número de personal también bajó. A la fecha, alrededor de 1 000 soldados vigilan los poblados.
Poco a poco se fueron acercando a la gente, pues en los días más álgidos de la violencia, los armados incluso usaron a los niños de Mataje para enviar mensajes a los militares y amenazarlos con más ataques.
Tras esos hechos, en el 2019 las Fuerzas Armadas crearon una escuela de fútbol que funciona en San Lorenzo.
La pandemia paró las actividades, pero ya se reanudaron. Son niños, por ejemplo, de Corriente Larga. Allí también les hablan de honestidad, lealtad
y trabajo en equipo.
Esos niños vieron cómo en mayo del 2018 se produjo una arremetida en contra de una patrulla de FF.AA. ecuatoriana.
Desde el lado colombiano, los ilegales lanzaron explosivos. En abril del año siguiente se encontró una trampa explosiva enterrada en un camino. Tenía un radio de destrucción de 25 a 30 metros a la redonda.
“Ahora, cuando suenan las ráfagas del lado colombiano avisamos a los militares”, cuenta un profesor que trabaja con los niños de la frontera.
Los habitantes aún tienen temor, pues dicen que los ilegales llegan y se movilizan por estos sitios. Pero aseguran que ya no actúan como lo hicieron hace tres años.
En ese entonces, en La Cadena, los pobladores contaban que eran obligados a pasar al lado colombiano y que ahí los ilegales les decían que si ayudan a militares de Ecuador harían estallar la única cancha de fútbol que hay en el lugar.
Los dirigentes se quejan porque los ofrecimientos planteados tras la ola de violencia no se han cumplido. Ante lo que ocurría, la respuesta del Gobierno fue declarar estado de excepción, toques de queda y disponer planes de desarrollo para esa zona del país.
“Poco se ha mejorado”, dice el alcalde de San Lorenzo, Glen Arroyo. Los datos oficiales muestran que más del 60% de la población no tiene alcantarillado y solo el 32% cuenta con empleos adecuados.
En esa ciudad no ha parado la violencia. El año pasado, armados asesinaron a un comisario municipal y a un funcionario judicial. Además, atacaron a policías y a un juez. También plagiaron a dos personas, que luego fueron liberadas.
Según los indicadores de seguridad del Ministerio de Gobierno, en el 2018 San Lorenzo reportó 10 homicidios, en el 2019 fueron 18 muertes y el año pasado cerró con 10 casos.
Punto de vista
‘Aún falta trabajo del Estado’
Wagner Bravo, exjefe del Comando Operacional Uno Norte
Vemos que el Estado ecuatoriano no ha irradiado su poder sobre la línea fronteriza. A los pobladores de esas zonas les falta salud, educación y fuentes de trabajo. Cuando tenemos este panorama, la gente busca alternativas para mantenerse de cualquier forma y muchas personas colaboran para el narcotráfico. He visto cómo la gente de Ecuador cruza la frontera para ir, por ejemplo, a raspar la hoja de coca. Hay pobladores que ayudan a los grupos delictivos. Los departamentos colombianos de Nariño y de Putumayo, que limitan con Ecuador, poseen la mitad de las plantaciones de coca de Colombia. Esto, en sí, es un problema gigante y empeoró con la salida de las FARC. Cuando ese grupo abandonó la zona comenzó una pelea que se mantiene hasta hoy, entre los disidentes y grupos de narcotráfico, para tener control sobre la zona.
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