El vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo (centro), habló sobre la evaluación de los jueces. Foto: Archivo EL COMERCIO
El pasado lunes 12 de agosto de 2019 se conocieron nuevos detalles en torno a la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Los datos sobre el sigilo bancario serán enviados a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), para la revisión y verificación del patrimonio y de las cuentas.
El Consejo de la Judicatura (CJ) sostuvo que la idea es solo verificar que el ingreso de los magistrados tenga relación con los gastos.
El tema del sigilo bancario generó controversia luego de que los jueces Miguel Jurado, Pablo Tinajero y el conjuez Patricio Secaira no autorizaran su levantamiento.
Los tres dijeron que la Judicatura no tiene atribución para que realicen este tipo de pedidos y que el ente que examina sus cuentas es la Contraloría General.
“Queremos dejar en claro que no nos oponemos a levantar las cuentas en el país, que no tenemos ninguna cuenta en ningún paraíso offshore”, dijo Tinajero.
Según el CJ, no se trata de competencia, sino de un acto voluntario de los evaluados.
“De lo que habíamos planificado, esta semana notificaremos a ellos (sobre el envío de los datos)”, dijo el vocal del CJ, Juan Morillo. “Esto no tiene puntuación, pero en el informe quedará reflejado que se incumplió con la presentación de la información sobre el patrimonio”.
Como parte de la evaluación, la Judicatura tomará en cuenta el informe de la Mesa por la Verdad y la Justicia. En su informe, de 249 páginas, se habla de presuntos cobros para no procesar a personas que fueron investigadas durante el correísmo.