El 26 de marzo de 2025 se cumplieron siete años del secuestro del equipo periodÃstico de este Diario, formado por Javier Ortega, Paúl Rivas y EfraÃn Segarra, en el caso Nos Faltan 3. Según lo poco que se conoce, se estima que su asesinato ocurrió el 8 de abril de 2018.
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El secuestro
El equipo realizaba una cobertura periodÃstica en Mataje, Esmeraldas, frontera norte de Ecuador, cuando el vehÃculo en el que se movilizaban fue interceptado.
El Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC, informó que los tenÃan en su poder y pedÃan a cambio la liberación de miembros disidentes que se encontraban presos.
El 13 de abril, el entonces presidente LenÃn Moreno confirmó el asesinato de Javier, Paúl y EfraÃn en Colombia. Sus cuerpos fueron recuperados en Colombia y enterrados casi tres meses después, el 30 de junio, en Quito.
A siete años del crimen, todavÃa no se han esclarecido las circunstancias del secuestro y asesinato. La impunidad persiste, y los gobiernos no han desclasificado la información del caso.
La Asamblea de las Naciones Unidas recalca que el ataque al periodismo es un ataque a la sociedad y a su derecho a ser informada. Por ello, se ha exigido a los estados miembros el diseño de polÃticas públicas y garantÃas para la no repetición de los crÃmenes contra periodistas.
La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP), mediante un comunicado, exigió a la institucionalidad del Estado ecuatoriano el cese de la impunidad y el cumplimiento de las recomendaciones de las Naciones Unidas para la protección a los periodistas, en especial:
- Derecho a la verdad: se solicita al Estado ecuatoriano el cumplimiento de la entrega de toda la información sobre los hechos que terminaron con la vida de Paúl, Javier y EfraÃn
- Derecho a la justicia: se demanda, una vez más, a las instituciones judiciales la investigación transparente de este crimen y de otros periodistas, vÃctimas de la lucha contra la corrupción
Durante los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa se ofreció a los familiares la desclasificación de las actas; sin embargo, no se cumplió. Por orden de la Corte Constitucional, el gobierno de Daniel Noboa entregó las actas del caso a las familias pero estas estaban mutiladas.
