Entrevista a Sonia Andrade Tafur , activista de Derechos Humanos.
El escritor argentino Juan Gelman planteó una demanda contra del Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de su nuera, María Claudia García. ¿Es esta una muestra de que la gente no confía en la justicia de sus países?
Los familiares, por costumbre, acuden a organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH.), organizaciones no gubernamentales e instancias internacionales porque, lamentablemente, no tenemos en el mundo un Estado que aborde con eficiencia la defensa de esos derechos. Tampoco hay una cultura de respeto, difusión, protección, garantía y tutela de los DD.HH. que parta desde el Estado o gobierno.
¿Qué pasa en el Ecuador?
La desconfianza de los ecuatorianos en la aplicación de la justicia es evidente porque la inseguridad jurídica que oferta el Estado es una realidad.
¿Cómo se manifiesta esa inseguridad a la que se refiere?Podrían haber casos emblemáticos que nos dan la esperanza de que pudiera existir seguridad jurídica. Pero ¿de qué estamos hablando cuando vemos que la aplicación de la justicia es para la gente sin recursos? En este país, hay que tener dinero para recibir justicia. Se siguen violando los derechos humanos de la ciudadanía, no tenemos un estado de derecho que proteja a la gente.
¿Qué hacer para mejorar?
Desechar la idea de que los DD.HH. defienden a la delincuencia, porque solo el hecho de existir como personas ya nos hace poseedores de derechos prevalentes como educación, alimentación, salud, vivienda y trabajo. Si es que el Estado respetaría estos preceptos, a lo mejor tendríamos un rostro diferente.
Pero los infractores no respetan los DD.HH. cuando cometen actos ilícitos.
Lamentablemente, la gente desconoce cómo se maneja este tema. Mis derechos se terminan cuando estoy violentando los de otra personas. Ahí, simplemente, ingresa el tema de la judicialización y la intervención del Estado, a través de las leyes, las cuales deben garantizar que las cosas funcionen. Pero eso no sucede.
¿Eso provoca que se viva en un estado de indefensión?
No estamos cumpliendo como Estado en la rehabilitación del individuo. Ahí existe un círculo que no está resuelto. En el momento que una persona recupera su libertad, ¿qué le estamos devolviendo a la sociedad? Personas que no entienden lo que significa la palabra rehabilitación, porque no hay políticas claras para ayudar a estos seres humanos.
Con la creación de la Comisión de la Verdad, ¿se sembró un precedente para evitar la violación deDD.HH. en el país? ¿Fue necesario crearla?
Es un baño de verdad. Evidentemente, cuando usted tiene acceso a la documentación e información levantada por la Comisión de la Verdad, lo único que puede hacer es sobrecogerse ante la flagrante violación de estos derechos que sufrieran varios ciudadanos ecuatorianos.
¿La Comisión ayudó a esclarecer completamente las denuncias? ¿Hay vacíos?
El Estado debería ubicar a las personas que participaron en la Comisión. Hay que encontrar una estrategia para que esta Comisión no nos entregue solo una lectura de lo que pasó antes, sino que siga existiendo y nos haga saber a la ciudadanía las violaciones a los derechos humanos, posteriores a la creación de la misma.
¿A qué casos se refiere?
Al del señor (Hernán) Cedeño, quien desapareció en manos del Grupo de Apoyo Operacional (GAO). A lo mejor, él cometió alguna infracción, pero resulta que a nombre del Estado no podemos desaparecer gente o realizar ejecuciones extrajudiciales. En este país, hay mucho camino por recorrer en materia de DD.HH.
Los abogados de los policías detenidos por la revuelta del 30 de septiembre dicen que no se han respetado los DD.HH. de sus defendidos y el debido proceso. ¿Es así?
Los policías también tienen derechos humanos. Solo el hecho de existir como personas les permite exigir respeto, pero estoy en desacuerdo con la violencia.
El 30-S, ¿la Policía violó los derechos humanos?
De los civiles. Lo último que pudo haber hecho la Policía es utilizar las armas y los uniformes que les entrega el Estado para reprimir a un pueblo desarmado.
¿La incursión militar en el Hospital de la Policía puede implicar un crimen de lesa humanidad?
Hay convenios suscritos y ratificados por el Estado que nos dan límites de intervención en áreas determinadas. Lo del Hospital es preocupante y cuestionable.
¿La Comisión de la Verdad debería investigar lo que sucedió el 30-S?
Sería prudente que intervenga en este tema para que los ciudadanos nos quedemos tranquilos frente a los hechos ocurridos.