La decisión fue anunciada por la Sala Penal Única de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el norte de Quito, en la reinstalación de la audiencia de apelación, este 25 de junio de 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Corte de Justicia de Pichincha sentenció a ocho años de cárcel a Indira Gorety C., exdirectora Financiera del Ministerio del Ambiente. Los jueces que analizaron el recurso de apelación la encontraron autora del delito de peculado por el desvío de fondos del Ministerio del Ambiente. La audiencia se realizó este martes 25 de junio del 2019.
El Tribunal de Alzada valoró los alegados presentados por el fiscal Gustavo Benítez, de la Unidad Especializada de Investigación (Unidot). De esta forma, el Tribunal revocó la primera sentencia de la exfuncionaria, en la que había sido declarada inocente, en el 2014.
La misma condena se impuso para Ana de Lourdes L., excontadora, y Ruth Alexandra Z., extesorera encargadas del Ministerio.
Según la investigación de la Fiscalía, entre el 1 y el 24 de mayo de 2012, desde la cuenta del Ministerio del Ambiente se efectuaron 79 transacciones bancarias a 41 cuentas de terceros, sin documentos que respalden las prestaciones de servicios. En esas tres semanas se desviaron USD 7 360 798 de fondos públicos.
La Fiscalía explicó que el delito se cometió en tres fases. La primera fue el desfalco con intención de lucro a favor de terceros, por parte de las funcionarias del Ministerio.
“En los primeros días de mayo, Índira Gorety C. obligó –bajo amenaza de perder sus trabajos- a la contadora y tesorera titulares a tomar vacaciones y entregar sus claves de SIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera) a Ana de Lourdes L. M. y Ruth Alexandra Z. C. Las dos fueron ascendidas de forma verbal, a través de memos, pese a que no cumplían con los perfiles”, informó la Fiscalía.
En una segunda etapa, se realizaron las transacciones de la cuenta denominada “Fondos a terceros”, bajo el rubro “devolución de valores mal depositados“.
A través de esta cuenta del Ministerio se realizaron transferencias, con montos entre USD 60 000 y 400 000. Se detectó a los reclutadores, quienes captaron a personas que facilitaron sus cuentas para recibir las transferencias.
“Varios prestadores de sus cuentas cobraron comisiones entre USD 5 000 y USD 8 000, es decir, del 5% al 8% por cada transferencia recibida”, señaló la Fiscalía.
En este entramado también fueron engañadas más personas, a quienes se les hizo creer que inversionistas extranjeros querían fomentar negocios locales.
Según las investigaciones, estas personas entregaron sus cuentas, recibieron montos de dinero, pero de un momento a otro la sociedad comercial se rompió y los supuestos inversionistas pidieron la devolución del dinero. El origen de estos fondos eran las cuentas del Ministerio del Ambiente.
Por último, cuando ya se ejecutaban las transferencias, los recaudadores, entre ellos Cristóbal Rigoberto L. V. (sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión), ordenaban el retiro inmediato de los valores y su entrega en efectivo. De esta manera, el dinero público no permanecía más de 12 horas en el sistema financiero. “Por su actuación, el recaudador recibió una comisión del 35% del monto total desfalcado”, indicó la Fiscalía.
La entidad investigó este caso con base en un Informe de Indicios de Responsabilidad Penal de la Contraloría General del Estado. En primera instancia, se dictaron sentencias condenatorias, como autores y cómplices, para 47 ciudadanos, entre funcionarios públicos y personas naturales.
Con el actual recurso de apelación, la sentencia mixta de la Corte de Justicia de Pichincha quedó de la siguiente manera: 22 personas condenadas como autoras, seis como cómplices, 18 declaratorias de inocencia y una extinción de la acción penal por el fallecimiento -debido a causas naturales- de un procesado.
Además, se ordenó abrir nuevas investigaciones a otros cinco presuntos participantes, ya que el delito de peculado no prescribe.