Alecksey Mosquera, Carlos Pareja Yannuzzelli, Ramiro González, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte y Wilson Pástor fueron parte del Régimen de Rafael Correa. Foto: Archivo
Uno afronta una condena penal, otro está detenido en el CDP de Quito y dos son buscados desde la semana pasada por la Policía de Ecuador. Seis exministros del régimen de Rafael Correa que ejercieron sus cargos en la última década se encuentran en la mira de la Fiscalía o de la Contraloría General del Estado, por contratos que causaron perjuicio al Estado o por recibir recursos sin justificación.
Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad; Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, y Ramiro González, exministro de Industrias, están procesados; los dos primeros enjuiciados penalmente y presos en Quito.
Otros dos exministros, en tanto, fueron señalados este 2017 en informes de la Contraloría General del Estado: María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas, y Wilson Pástor, exministro de Recursos no Renovables.
Y un sexto exfuncionario, Walter Solís, exministro de Obras Públicas y exsecretario del Agua, es rastreado por la Policía para que brinde explicaciones por un contrato con la empresa brasileña Odebrecht.
Alecksey Mosquera
Exministro de Electricidad
El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre el 2007 y el 2016 la constructora brasileña Odebrecht pagó USD 33,5 millones a funcionarios del Gobierno de Ecuador para asegurarse contratos de obras públicas. La oficina no detalló nombres.
En abril del 2017, Alecksey Mosquera se convirtió en el primer exfuncionario del Gobierno anterior detenido en Ecuador por el caso Odebrecht. Con la asistencia penal de Andorra se reveló que la constructora le habría pagado USD 1 millón, a través de Klienfeld, una offshore creada por Odebrecht en Panamá, entre abril y septiembre del 2008. Por esa época se produjo la adjudicación a Odebrecht del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.
El 28 de junio del 2017, el abogado de Mosquera admitió que su cliente recibió USD 1 millón de Odebrecht, pero por ‘una consultoría’ contratada por la empresa brasileña y no por la adjudicación de ningún contrato. El abogado refirió que el proyecto Toachi-Pilatón fue adjudicado a Odebrecht por Hidrotoapi, cuyo Directorio es presidido por otro funcionario.
Cuando Mosquera brindó la supuesta ‘consultoría’ ejercía como ministro de Electricidad.
Actualmente, Alecksey Mosquera se encuentra detenido en el CDP de Quito.
Carlos Pareja Yannuzzelli
Exministro de Hidrocarburos
Los Panama Papers, la investigación periodística de firmas offshore constituidas a través del estudio Mossack Fonseca de Panamá, dio cuenta de la existencia de la empresa Capaya S.A., constituida el 20 de febrero del 2013 en un país considerado paraíso fiscal (empresa oculta) por el entonces gerente de Refinación de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli. El 8 de mayo del 2013, Capaya S.A. abrió una cuenta en el Capital Bank de Panamá.
En febrero del 2017, Pareja fue condenado en primera instancia a cinco años de cárcel por el delito de cohecho, que se habría cometido entre 2012 y 2016, cuando recibió ‘transferencias indebidas’ por ‘contratos millonarios en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas’. Algunos de esos pagos se habrían efectuado a su offshore.
Pareja Yannuzzelli, quien también fue gerente de Petroecuador y ministro de Hidrocarburos del régimen de Correa, afronta una docena de investigaciones en la Fiscalía por presunto peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de activos.
Actualmente se encuentra detenido en la Cárcel 4 de Quito a la espera de llegar con la Fiscalía a un acuerdo de cooperación eficaz, para contribuir con información que permita hallar a responsables, a cambio de una reducción de la condena. El 11 de agosto del 2017 se entregó a la Justicia y retornó a Ecuador, luego de su salida el 28 de septiembre del 2016.
Ramiro González
Exministro de Industrias
La madrugada del 18 de agosto del 2017, fiscales de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción irrumpieron en un departamento de la av. González Suárez y detuvieron a Carmen Gaybor. El inmueble es la residencia de Ramiro González, exministro de Hidrocarburos. La mujer, la esposa del también extitular del IESS (esa noche fue liberada, con una brazalete satelital de rastreo).
La Fiscalía reveló que investiga a González por supuesta defraudación tributaria y a Gaybor por supuesto enriquecimiento privado no justificado. Entre el 2012 y el 2016, Ramiro González recibió acreditaciones por USD 2 217 399. Sin embargo, realizó declaraciones por USD 391 168; eso implica una diferencia de 1 826 230.
La Fiscalía halló a nombre de González bienes ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Manabí, donde se efectuaron allanamientos.
Según los investigadores, el exministro recibió ingresos por USD 3 935 691 entre el 2010 y el 2017. La Fiscalía investiga, además, una participación accionaria en las sociedades denominadas campaña electoral elecciones 2013, del Partido Avanza lista 8 Pichincha, en la campaña electoral 2012 Avanza lista 8 para asambleístas provinciales por Pichincha.
En parte del periodo que se investigó, según Fiscalía, Ramiro González, “ostentó el cargo de Ministro de Industrias y Competitividad por lo tanto habría incurrido en el presunto delito de defraudación tributaria conducta contemplada en el Art. 298 del Código Penal”.
Actualmente existe orden de prisión en contra de Ramiro González, quien se encuentra prófugo.
María de los Ángeles Duarte
Exministra de Obras Públicas
Los 11,7 kilómetros de la vía Collas, la ruta para ir desde Quito hasta el aeropuerto de Tababela, fue considerada costosa. Su valor inicial fue USD 110,2 millones, pero al final en ella se invirtieron USD 142,3 millones más de lo previsto.
El contrato fue firmado en agosto del 2011 entre el Ministerio de Obras Públicas y Panavial. Este 2017, la Contraloría reveló en un informe de auditoría que hubo sobreprecio y estableció dos glosas por USD 111 millones en contra de María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas de Correa, y una glosa por 31,3 millones en contra de la constructora.
El 22 de junio del 2017, el organismo de control notificó las glosas a Duarte y a Panavial (como responsable solidario), para que en un plazo de 60 días respondan y presenten sus argumentos de descargo.
La Contraloría establece que los sobreprecios del proyecto se originaron, especialmente, en la firma de dos adendas (ampliaciones) al contrato, firmadas el 4 de marzo y el 16 de octubre del 2013. En la primera glosa, por 75,3 millones, se determina que la exministra Duarte eliminó el pago con bonos del Estado (por 19,2 millones), pactado en el contrato adicional de concesión, incluyendo cambios técnicos que incrementaron el costo de la obra.
En la segunda glosa, por 35,8 millones, se determinó que en calidad de Ministra, cuyo cargo ejerció entre el 1 de septiembre del 2012 y el 9 de marzo del 2014, Duarte suscribió una segunda adenda, con la cual se suprimió la construcción de un puente de 342 m, en volados sucesivos; en su lugar se ejecutó una variante que incrementó el recorrido de la vía en 1,76 km.
Actualmente reside en Guayaquil.
Wilson Pástor
Exministro de Recursos no Renovables
El informe con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría envió a la Fiscalía por la concesión del bloque Singue al Consorcio DGC tiene tres partes medulares. La subestimación de las reservas de crudo, la fijación de una tarifa mayor a la que técnicamente debía establecerse y el traspaso de las acciones del bloque a la empresa Gente Oil Ecuador.
En esta compañía cumplió las funciones de vicepresidenta Silvana Pástor, dos semanas después de que su padre, el entonces ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, firmara en abril del 2012 el contrato de concesión petrolera.
Con base en el informe de la Contraloría, el 3 de agosto, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, informó que Wilson Pastor es indagado por un ‘potencial’ delito de peculado (mal uso de fondos públicos). Fiscalía anunció el inicio de una indagación previa.
Además de la aún no esclarecida relación entre el entonces ministro y su hija, en el traspaso de acciones del bloque, la Contraloría estableció un posible peculado en la estimación errada de las reservas de crudo que tenía el yacimiento Singue. El contrato de prestación de servicios calculó las reservas en 2 040 556 barriles de crudo, lo cual fue autorizado por el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COHL) integrado por los entonces ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas; ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli; coordinadora del Ministerio de Recursos no Renovables, María Lorena Espinoza, entre otros.
Sin embargo, hasta septiembre del 2016, el bloque Singue produjo 4 993 459 barriles de petróleo. En tres años ya se explotó el 244% de lo que inicialmente estaba previsto para 20 años. Según la Contraloría, esto causó un perjuicio al Estado de USD 5,2 millones.
Actualmente, Wilson Pástor se encuentra fuera del país.
Walter Solís
Exministro de Obras Públicas y exsecretario del Agua
Contra Walter Solís Valarezo no existe actualmente un juicio penal vigente. En octubre del 2016 fue archivada una demanda por presunto peculado. Sin embargo, la fiscal Diana Salazar lo indaga. Este martes 22 de agosto del 2017, la fiscal esperaba, por tercera ocasión, la comparecencia de Solís dentro del caso que investiga la asignación a Odebrecht del contrato para la construcción del trasvase Daule-Vinces.
Ese contrato fue adjudicado en el 2012 por el entonces Secretario del Agua por USD 191 millones, pero finalmente contó con contratos complementarios por USD 130 millones adicionales; es decir, por un 67% más del valor inicial. ¿Qué ocurrió? Para conocer detalles, la fiscal citó a comparecer a Walter Solís; luego de dos llamados fallidos, la semana pasada se dispuso que la Policía lo ubique.
El paradero del exsecretario del Agua es desconocido. En septiembre renunció a su cargo de ministro de Obras Públicas por un -en palabras del entonces presidente Rafael Correa- ‘error imperdonable’. Solís es uno de seis exsecretarios de Estado del régimen anterior que se encuentra en la mira de Fiscalía o Contraloría.
Rectificación a pedido de la Arq. María de los Ángeles Duarte Pesantes. Clic aquí para ver el documento.