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10 citas en 4 años tuvo el ente a cargo de la rehabilitación en Ecuador

Policías vigilan en estos días el perímetro externo de la cárcel regional de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO

Policías vigilan en estos días el perímetro externo de la cárcel regional de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO

Policías vigilan en estos días el perímetro externo de la cárcel regional de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO

La cita se concretó a través de Zoom. El denominado Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación se reunió el 2 de marzo pasado, es decir, ocho días después de que se perpetrara la matanza en las cárceles.

Ese es el máximo organismo penitenciario, creado en el 2008 y operativo desde el 2014.

El Código Penal (art. 673) dice que esa instancia es la responsable de trabajar por una “rehabilitación integral” y por cuidar los derechos del preso.
La Defensoría del Pueblo señala que el trabajo es mínimo.

Datos oficiales dicen que en cuatro años se ha reunido solo 10 veces. El encuentro en el que se analizó la masacre de 79 presos se concretó luego de dos meses de una anterior reunión.

La falta de regularidad en las reuniones del ente de Rehabilitación fue observada por la Defensoría del Pueblo en un informe que data del 2019.

“No se ha reunido con la regularidad necesaria para afrontar las necesidades a pesar de que se decretó y amplió el estado de excepción”, decía el documento de entonces.

Un poco después del múltiple asesinato, el defensor Freddy Carrión envió al Directorio las 11 alertas y recomendaciones que hizo en diferentes fechas.

Ahí habla de medidas para evitar los enfrentamientos en los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento y ejecutar planes de acción de atención integral para su implementación a corto, mediano y largo plazo.

En las cartas, el Defensor además solicitaba reuniones permanentes del Directorio.

Los representantes del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron una acción de protección.

La intención igual fue que el Estado adopte las medidas necesarias para eliminar la sobrepoblación carcelaria del país y para garantizar los derechos de los internos.

El 5 de marzo pasado, un juez falló a favor de ellos y esperan que se convoque a una nueva reunión para que se ponga en marcha el fallo judicial.

El magistrado ordenó un plazo de cinco días para que el Directorio se reúna para adoptar “las medidas necesarias”. Hasta el momento no existe una convocatoria.

En los últimos cuatro años, el Directorio fue convocado de forma “ordinaria” ocho veces (dos extraordinarias) y con intervalos de tiempo que van desde dos hasta nueve meses.

En agosto del 2019, por ejemplo, el organismo realizó un “seguimiento a la mesa técnica para los avances del proyecto de Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social”. También pidió que sus miembros envíen una planificación de las actividades a realizar hasta diciembre.

La siguiente reunión se convocó nueve meses después. El Directorio aprobó el 30 de junio del 2020 el Reglamento que habían discutido meses antes y presentó un informe de las actividades realizadas en los centros carcelarios por la declaratoria de estado de excepción, a propósito del covid-19.

En diciembre del año pasado, los ministros y otras autoridades conocieron un informe respecto del estado de las cárceles, avances en la infraestructura, servicios básicos y logística para el tratamiento de internos previo a la reapertura de la cárcel conocida como La Roca, en Guayaquil.

El objetivo es internar ahí a los presos con “problemas de adaptabilidad” y de “alta peligrosidad” que están en las otras cárceles del país.

La idea del traslado surgió en el segundo estado de excepción que el Gobierno declaró en agosto del 2020.

El Directorio estuvo presidido por Johana Pesántez, pero el jueves 11 de marzo del 2021 dejó la presidencia de ese organismo. El cargo lo ocupa el nuevo ministro de Gobierno, Gabriel Martínez.