El Ministerio de Defensa lo matiza. La responsable del combate al narcotráfico en Ecuador es la Policía. Así lo asegura a este Diario el flamante secretario de esa Cartera de Estado, Miguel Carvajal.
Sin embargo, en la política de Defensa hecha pública por el Gobierno en diciembre está escrito que, a partir del 2013, una de las tareas de las Fuerzas Armadas, como apoyo a la acción del Estado, será intervenir en “operaciones contra el narcotráfico, crimen organizado y terrorismo”.
En ese sentido, el 23 de abril, el presidente de la República, Rafael Correa, enfatizó que las Fuerzas Armadas tendrán como “prioridad” el combate al crimen. En Ecuador hay 38 264 militares (el 62% es de la Fuerza Terrestre).
Según Jorge Chabat, experto mexicano en seguridad y drogas, la militarización del combate al narcotráfico se extiende en la región por una razón: “Es una medida de emergencia ante los crecientes números de la violencia y la expansión de los vínculos de los carteles de la droga”.
En la última década, 11 países de América han delegado a las Fuerzas Armadas, como parte de su misión, el combate al narcotráfico y al crimen organizado. En esa estrategia constan México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil y, ahora, Ecuador. Intervienen en esa lucha, según el Centro Operativo de Seguridad Regional (SICA) y datos de los ministerios de Defensa, cerca de 170 000 uniformados.
En México, al menos 35 000 militares han combatido a cerca de 10 carteles. Esa guerra, que ya lleva cinco años, ha segado cerca de 60 000 vidas, entre miembros de los carteles, militares, policías y, principalmente, civiles.
“La oposición al Gobierno de Felipe Calderón desaprueba esta política”, según Chabat, quien califica a la estrategia como negativa. Sacar a los militares para estos fines “es una opción mala, pero no hay otra por el momento”.
Para Bruce Bagley, investigador estadounidense de la lucha contra el narcotráfico, si la opción fuese solo reducir el consumo de drogas en EE.UU., “sería una solución mágica, pero irreal”. Él explica que el problema está compuesto de varias aristas, lo cual requiere una política unificada, a escala mundial, no solo en la región.
La Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (Unodc) reportó en el Informe Mundial sobre las Drogas 2011 que el consumo de cocaína se incrementó en un 60%. Al menos, 20 millones de personas en el mundo consumen esta sustancia. En Sudamérica, 2,4 millones.
El 100% de la cocaína se produce en los Andes: el 82% en Colombia y Perú, países vecinos de Ecuador. El país es sitio de paso, pero también de consumo. Según la última encuesta del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), hecha a 280 496 estudiantes de colegios privados, públicos y fiscomisionales de Ecuador, el consumo de drogas se inicia a los 12 años y medio.
El informe refiere que la droga más ofrecida en colegios es la marihuana, con un 17,3% de facilidad para el acceso, seguida por la cocaína con un 8,4%, la pasta base con un 3,7%, etc. Las dos últimas provienen de la hoja de coca.
“Criminalizar a las personas por el simple hecho de ser consumidores es una de las aristas que hay que analizar en esta problemática”, resalta Rodrigo Tenorio, especialista del Consep. “Si es que la persona que consume comete actos que afecten a terceros por estar bajo el efecto de una droga, eso sí hay que penalizar. El control penal se debe mantener sobre el tráfico”, agrega.
Para Chabat, si estamos pensando en cómo eliminar el consumo, “lo más adecuado es con políticas de salud porque estar detrás de los narcotraficantes no funciona porque hay un mercado”.
Según el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, los países de Sudamérica invirtieron unos USD 126 000 millones en gasto militar en los últimos cinco años. Ecuador destinó en el último año de análisis el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a esa inversión: 2,7%.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ecuador destinó el 2,1% del PIB a la inversión en Salud.
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Puntos de vista
Alberto Calabrese / Sociólogo (Argentina)
‘La clave, debilitar su economía’
Cuando a partir de un problema como el consumo se genera un importantísimo negocio, es difícil que una región quede libre de la influencia de los carteles de narcotráfico.
Siempre que ha habido prohibición de algo, de cualquier conducta humana, surge una contra parte y además se generan mercados ilícitos. No hay nada nuevo: la esencia del narcotráfico viene del contrabando y del movimiento de sustancias ilícitas.
Cuando hay un mercado de este tipo y se ve la cantidad de dinero que genera van a aparecer mafias en competencia. Esto genera violencia por la disputa de mercados y de territorios.
Es importante un análisis profundo de la despenalización del consumo y la promoción del autocultivo (de cannabis, por ejemplo). Porque al no comprarles su producción se podría quitar poder económico a los narcotraficantes y debilitarlos.
Eusebio Megías / Director Técnico de la FAD (España)
‘La represión, medida superficial’
La división histórica entre países productores y consumidores siempre ha sido falsa. Y en este momento es absolutamente insostenible. No hay ningún país que produzca y que no consuma.
España es sin duda un país que consume; no produce la materia prima como hoja de coca pero también en la producción, ya que fabricamos precursores.
Cada vez que vengo a Sudamérica debatimos sobre la problemática del aumento de la violencia y las nuevas conexiones del narcotráfico. Llegamos a la conclusión de que es un dilema en el que deben luchar todos, consumidores, productores y lo que no se ven tan afectados por este conflicto.
Siempre he cuestionado, ¿los productores de armas no ayudan a fortalecer estas cifras de consumo y contrabando? Las políticas de represión solo logran cambios superficiales. Es como aplastar un globo con agua, el contenido no desaparece solo se desplaza.