El Régimen concentra su tarea contra la delincuencia en Guayas

Una protesta en Guayaquil. Los vecinos de la ciudadela Los Ceibos realizaron un plantón contra la inseguridad, la  semana  pasada. Archivo/EL COMERCIO

Una protesta en Guayaquil. Los vecinos de la ciudadela Los Ceibos realizaron un plantón contra la inseguridad, la semana pasada. Archivo/EL COMERCIO

El tema de la inseguridad copa cada vez más la agenda del Gobierno. Ayer, mientras el presidente Rafael Correa oficializaba la inauguración de una nueva Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) en Guayaquil, el ministro del Interior, José Serrano, anunciaba el plan de recompensas para capturar a las 10 personas que la Policía considera las más peligrosas.

El Primer Mandatario inauguró a semana seguida dos UVC en Guayas, la primera en Durán, el martes pasado, y la segunda ayer, en los predios del Cuartel Modelo de la Policía. Ninguna de las dos obras, sin embargo, está aún operativa al público.

Ayer, durante la inauguración de la UVC de Guayaquil, Correa justificó el problema de la inseguridad. “Aquella mala fe que dice que no estamos haciendo nada para combatir la delincuencia, que se trata de decir que la delincuencia empezó ayer, cuando sabemos que ha sido un problema crónico para el país”.

Como respuesta a la inseguridad, el Gobierno puso en marcha el plan de recompensas. El ministro Serrano indicó que será una campaña permanente, y que está integrada a otras estrategias de la Policía. “No es un tema aislado. Los fundamental acá es el resguardo de la reserva y confidencialidad de la información que vamos a recibir”.

El programa de recompensas implica pagos de entre USD 5 000 a 20 000. El dinero, según Serrano, saldrá del Presupuesto General del Estado.

Álex Huacón, canciller de la Corporación Ecuatoriana de Derechos Humanos, considera que el recurso de la recompensa es válido, siempre que no se vulnere la presunción de inocencia del sospechoso de un delito.

El ministro Serrano manifestó ayer que los 10 sospechosos por los que se ofrece recompensa tienen procesos judiciales iniciados. “No estamos en el plan de recompensas sobre un proceso de indicios o presunciones, ya hay procesos penales iniciados y ellos ya están buscados por la Justicia porque tienen boletas de detención”.

El plan de recompensas se iniciará oficialmente el viernes, con la publicación de los nombres y fotos de los sospechosos en medios de comunicación locales y nacionales. De momento, los nombres de las 10 personas permanecen colgados en la página web de la Dirección nacional de la Policía Judicial. Allí se detallan los delitos por los cuales se los busca.

La desconcentración de la Policía, en cuarteles más pequeños, también está dentro de las estrategias que el Gobierno anuncia contra la inseguridad.

“Lo que se quiere es una Policía Nacional que funcione. No tener a la Policía en grandes cuarteles, sino tenerla inmersa en las comunidades, en barrios”, dijo Correa.

En su enlace del pasado 2 de julio, el Primer Mandatario incluso se solidarizó con un ciudadano que arrolló a un sospechoso de asalto en Guayaquil. Correa hizo público su respaldo a Gastón A., quien el pasado 27 de junio embistió con su vehículo a Rolando B., quien habría intentado asaltar a su esposa e hija.

“Nunca nos vamos a alegrar por la pérdida de la vida de un ser humano, por delincuente que haya sido, pero es claro: ¿quién de nosotros no hubiera reaccionado de igual manera?”, dijo Correa.

Según el penalista Ramiro Aguilar, las palabras de Correa se pueden interpretar como una claudicación política. “Lo lógico hubiera sido que diga que si un ciudadano se encuentra en esos casos, que llame a la Policía”.

Aguilar considera que el Primer Mandatario “percibe que la ciudadanía vive insegura y que la batalla de su Gobierno contra la delincuencia está perdida”.

El art. 19 del Código Penal establece que una persona no comete una infracción cuando reacciona en legítima defensa, siempre que se actúe frente a una agresión “actual e ilegítima”, que no haya provocación de quien se defiende, y la proporcionalidad del medio usado para defenderse.

Iván Castro Patiño, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, reitera que el derecho a la defensa propia cabe inmediatamente después de la agresión.

El sentido de proporcionalidad, dice Rodríguez, es determinante. “Si una persona nos raya el carro con una tapa de gaseosa, no podemos pegarle un tiro y luego justificar que fue en defensa propia”.

A criterio de Carlos Villacreces, delegado de la Defensoría del Pueblo del Guayas, la sociedad ecuatoriana vive en un orden constituido que defiende el derecho a la vida. “Establece que las personas que transgreden las leyes deben ser juzgadas. La época del ojo por ojo y diente por diente fue abolida por las sociedades”.

Dos nuevos casos

Un ciudadano de Pasaje (El Oro) permanecía detenido ayer por presuntamente disparar a un sospechoso de secuestro exprés.

Lucas L. fue detenido porque habría disparado a uno de los sospechosos de intentar un secuestro exprés.

Según familiares del detenido, este habría arrebatado el arma a uno de sus asaltantes y le disparó.

Ayer la Policía detuvo a ocho sospechosos de un intento de asalto a una cooperativo de ahorro y crédito en el sur de Guayaquil.

En la nueva UVC inagurada ayer funcionarán oficinas de la Policía Judicial, Dinapen y Fiscalía, entre otras.

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