La seguridad en los centros penitenciarios del país se refuerza tras la emergencia

Las afectaciones del terremoto ocurrido en Manabí y Esmeraldas obligaron a las autoridades del Ministerio de Justicia a trasladar a las personas privadas de la libertad desde Portoviejo hacia Guayaquil. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Las afectaciones del terremoto ocurrido en Manabí y Esmeraldas obligaron a las autoridades del Ministerio de Justicia a trasladar a las personas privadas de la libertad desde Portoviejo hacia Guayaquil. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Las afectaciones del terremoto ocurrido en Manabí y Esmeraldas obligaron a las autoridades del Ministerio de Justicia a trasladar a las personas privadas de la libertad desde Portoviejo hacia Guayaquil. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos dispuso blindar los centros de rehabilitación social (CRS) a escala nacional, tras el terremoto del pasado 16 de abril. Los grupos Táctico, Alpha y la Dirección General de Inteligencia (DGI) son los encargados de reforzar la seguridad en estos establecimientos.

Según un comunicado de esta Cartera de Estado, el refuerzo se evidenció durante un operativo realizado el lunes 18 de abril, en el que se trasladó de manera transitoria a 416 personas privadas de libertad desde el CRS El Rodeo, en Portoviejo, hasta el CRS de Guayaquil.

En la acción participaron 30 Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP), pertenecientes al Grupo Especial Alpha (GEA), del Grupo Táctico y los demás del CRS, ambos pertenecientes al cuerpo de seguridad del Ministerio de Justicia. Además participaron 160 efectivos de la Policía Nacional y 200 de las Fuerzas Armadas.

Los ASP de grupos especiales que se encontraban en licencia por vacaciones o permisos se han incorporado a sus funciones con el afán de cumplir con los compromisos institucionales, acorde a los protocolos de seguridad diseñados para estos casos.

Las labores de inteligencia, investigación y control están a cargo de personal de la DGI, instancia conformada por personal del Ministerio de Justicia y de la Policía Nacional con delegados desde el Ministerio del Interior.

Finalmente la Cartera de Estado informó que monitorea permanentemente los centros de rehabilitación social del país, con equipos de video vigilancia, y las herramientas informáticas junto con el personal que vigila la parte interior.

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