La decisión de eliminar la autonomía policial llegó en medio de las reacciones al pedido de consulta formulado por el presidente Correa. Lo que podría ser interpretado como un cambio administrativo es, en verdad, la semilla de la reforma profunda de la Policía Nacional por la cual el Gobierno se jugará.
Al pasar la administración de los edificios, el presupuesto, las armas y vehículos, etc., al Ministerio del Interior, se echa abajo un esquema que permitió la autonomía policial del poder civil. Si bien formalmente era parte del Ministerio de Gobierno -ocupado básicamente de la política- gozaba de una independencia administrativa que, a juicio del Régimen, es una de las razones por las cuales los planes de reforma y las ingentes inversiones en equipamiento no dieron resultados.
El Gobierno, apoyado en los militares y con el recuerdo fresco del 30 de septiembre, ha decidido que éste es el mejor momento para desmantelar una estructura jerárquica que ahora tendrá que dedicarse solamente a tareas operativas. Las decisiones sobre los objetivos, los bienes y el personal policial (e incluso la vocería, como dejó en claro Alfredo Vera) dependerán del Ministerio del Interior.
Los militares, entre tanto, ganan espacio en el control de la seguridad interna y se prevé la creación de la policía militar, como lo anunció ya el Ministro Coordinador de la Seguridad. Un operativo político arriesgado pero que puede poner las bases para una reforma dirigida a que la Policía abandone una jerarquía copiada de la estructura militar y se dedique al control de la delincuencia común junto a la comunidad.
Si tiene éxito, el Gobierno tendrá un dolor de cabeza menos en una reforma que, por otro lado, y en función de la consulta popular, prevé el control y la desinstitucionalización de una pieza clave en la lucha contra la inseguridad como es el sistema judicial.