Todas las tardes, un auto blanco se estacionaba en la casa de Julio B. y dos extranjeros se bajaban con libretas en mano. Los hombres prestaban dinero informalmente y cobraban intereses diarios.
En marzo pasado, a Julio B. le ‘ayudaron’ con USD 2 000 para reparar el motor de su bus y por ese monto pagaba 80 diarios.
El jueves, el auto no llegó a la casa de Julio B. y por los vecinos se enteró que la noche anterior los dos extranjeros fueron detenidos.
En un operativo, la Policía arrestó a 42 personas que se dedicaban a prestar dinero de manera informal. Hasta ayer, el grupo permanecía en la Unidad de Delitos Flagrantes, en donde se emitió prisión preventiva para 40 (35 son extranjeros y 10 tenían el certificado de refugiados).
Dos personas fueron liberadas. Una porque estaba embarazada y otra porque “se acogió a la figura de arraigo social”. “Esto significa que el detenido presentó domicilio y trabajo estable y el juez tiene la facultad de tomar esa decisión”, dijo el jefe de la Policía Judicial (PJ), Víctor Hugo Cartagena.
Julio B. estuvo ayer en las afueras de la PJ. “Vine a ver si la Policía recuperó el televisor que los cobradores me quitaron, cuando me atrasé un mes en los pagos.
El pasado 20 de junio, este Diario denunció la existencia de redes internacionales dedicadas a esta actividad ilícita. La Fiscalía General identificó nexos entre el prestamista informal y el sicariato. Según la Policía, son mafias lideradas por extranjeros, que tienen cuerpos de seguridad.
El artículo 583 del Código Penal señala que la usura es penada con seis a dos años de prisión y multa de USD 16 a 300.
Entre enero y diciembre del año pasado, la Fiscalía registró 642 denuncias por este delito y 151 hasta marzo del 2010. No obstante, en la Fiscalía se reconoce que este es un subregistro nacional que puede representar únicamente al 10% de los afectados.
Informes a los que accedió EL COMERCIO señalaban que los sectores donde mayor injerencia tienen los usureros son El Inca y San Carlos (norte); Chillogallo, Quitumbe y La Ecuatoriana (sur); San Roque y LaMarín (centro) y Cumbayá (valle oriental).
Ayer, la Policía ratificó esta información y señaló que el grupo detenido el último miércoles operaba especialmente en el norte de la ciudad y cobraba intereses de hasta 250% anuales. Sin embargo, la tasa autorizada por el Banco Central para los créditos de consumo es del 16,30% cada año.
Junto a Julio B. también estaba Fabiola Ch. Ella pidió USD 80 para comprar un terno para que su hijo acuda a un baile de gala en el colegio y pagaba USD 1 diario.
Eso significa que por tres meses debía pagar USD 170, es decir, 90 de intereses y 80 de capital.
En la mañana se enteró por las noticias que la mujer que cobraba la deuda fue detenida con “bastante plata”. Según la Policía, en la captura se hallaron USD 60 000 en efectivo. “A mí también me quitaron un televisor. Mi vecino me trajo, por eso estoy aquí”, dijo la señora en voz baja.
La Policía no presentó televisores, pero sí cuadernos de contabilidad, letras de cambio firmados en blanco, 10 000 papeletas de cobro con diferentes valores, siete motos y cinco vehículos.
Los agentes dijeron que esos automotores eran usados para cobrar. Cuando los vio en el parqueadero, Fabiola Ch. recordó que la mujer que cobraba “manejaba un carro así”.
Agentes que realizaron este operativo dijeron que en Quito operan dos organizaciones internacionales más de chulqueros.
“En mi barrio hay hojas pegadas en donde se indica que se presta plata con facilidades”, cuenta Julio B. En el centro y en el sur de la ciudad sucede lo mismo. Ayer, este Diario se comunicó con un número telefónico que aparece en un aviso. Un hombre respondió la llamada, pero solamente dijo que ya no presta dinero y colgó.
Luego de saber que no encontraron sus bienes, las dos personas que dijeron ser afectadas por el grupo se fueron, pero no presentaron acusación alguna.
Tania Molina, juez de la Unidad de Delitos Flagrantes, indica que el silencio es el principal escollo en estos casos. “No colaboran los afectados. Entonces, para probar que es delito flagrante se debería montar todo un operativo”.
Una reforma penal, en estudio
Nuevas sugerencias para mejorar la seguridad se proponen en el país. Ayer, los expertos franceses que trabajan en el país en ese tema sugirieron al ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, que la prisión preventiva aumente de 24 a 48 horas. Esto, como una forma para mejorar los resultados de la investigación antidelictiva.
Esta iniciativa se unirá a otras propuestas de reforma al Código Penal que se remitirá a la Asamblea Nacional, aunque no hay fecha para remitir el documento.
Ayer, el Ministro se reunió con los expertos en Guayaquil y allí también los franceses recomendaron tecnificar el sistema de comunicaciones de la Policía.
Durante dos semanas, los expertos analizaron los actos delictivos que se presentan especialmente en Quito y Guayaquil.
Por ello, también se habló de la posibilidad de crear una unidad que se dedique exclusivamente al estudio del crimen organizado.
Ayer, el jefe de la Policía Judicial de Pichincha, Víctor Hugo Cartagena, dijo que se han registrado nuevas modalidades del delito y que involucra a extranjeros. En el robo a domicilios, por ejemplo, se ha establecido que las organizaciones comienzan a utilizar nuevas formas de ‘amedrentamiento’. Uno de ellos -según el oficial- es que los desconocidos que ingresan a las casas amenazan con ‘cortar los dedos’ a los niños, sino reciben los bienes de valor.