El abogado Jorge Zavala Egas, quien defiende a Carlos Pareja Cordero y a su hijo Carlos Pareja Dassum, aseguró la tarde de hoy, martes 3 de enero del 2017, que el recurso de habeas corpus presentado en Perú a favor de sus clientes fue aceptado y que “ahora ellos pueden circular por territorio peruano sin ser detenidos”.
Según Zavala, ellos solicitaron este recurso para bloquear la decisión de la Oficina de Migración y Extranjería de Perú. Esa dependencia impidió la salida del territorio peruano y, además, coartaba su libertad de salir de ese país.
El abogado señaló que la acción constitucional fue presentada el pasado 26 de diciembre. La audiencia se realizó el 2 de enero y su resolución fue notificada la tarde de hoy.
En la sentencia que dio a conocer Zavala, se señala “declarar fundada en parte la demanda planteada”. Además se resuelve que los efectivos policiales de la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú o cualquier otra autoridad” debe “abstenerse de realizar algún acto de perturbación, hostigamiento o similar con relación al libre tránsito que tenga relación con la libertad (ingreso o salida del país) en contra de la libertad de los favorecidos”.
Con esto, sostuvo Zavala Egas, los Pareja están en el derecho de abandonar el territorio peruano “si es que quieren hacerlo”. Aunque dijo que no saben si lo van hacer en las próximas horas porque no había conversado todavía con ellos.
La Dirección de Migración y Extranjería del Perú tendría 24 horas para poder apelar esta decisión a pedido del Gobierno ecuatoriano. Pero según Zavala, esto afectaría a sus defendidos.
“Los Pareja si les da la gana pueden salir mañana de territorio peruano así apele la Dirección de Migración porque esta no tiene efectos suspensivos y por lo tanto se ejecuta inmediatamente”.
Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum tienen orden de prisión en Ecuador por presunto lavado de activos, dentro de la investigación de corrupción en Petroecuador.
La Fiscalía los vinculó en una audiencia desarrollada el 2 de enero. En la diligencia se exhibió como posibles evidencias el reporte de operaciones inusuales injustificados remitidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) e informes del Servicio de Rentas Internas.