Rectores de colegios privados de Guayaquil denunciaron el martes 31 de mayo de 2022 que han recibido mensajes extorsivos por parte de desconocidos que aseguran pertenecer a bandas organizadas que operan en el país.
El sistema es similar al utilizado en otros casos de extorsión: se envían mensajes a los rectores o apoderados de las instituciones educativas para pedir miles de dólares a cambio de no ser afectados por la violencia.
“Son mensajes y notas con amenazas de muerte a directivos, docentes y familiares si no se acceden a pagos de altas sumas de dinero”, señaló uno de los denunciantes.
En estos mensajes se amenaza además con hacer explotar a los expresos escolares.
Con el retorno a la presencialidad, los estudiantes y las instituciones educativas se han convertido en blanco de la delincuencia.
Solamente en Guayaquil, la Federación Nacional de Transporte escolar del Ecuador reveló que hubo 407 asaltos a los expresos escolares en lo que va del año.
Patrulleros a la salida
Tras las amenazas, rectores y apoderados acudieron a la Policía Nacional a pedir ayuda. Les dijeron que debían solicitar apoyo a la Unidad de Vigilancia Comunitaria más cercana.
“Al menos me envían un patrullero a la hora de la salida”, señaló uno de los afectados.
Otras respuestas fueron menos alentadoras, ya que les dijeron que deben esperar que actúen para poder atraparlos en delito flagrante.
“Ya no sabemos a dónde más acudir”, añadió otro educador.
Las llamadas extorsivas o amenazantes tuvieron su auge en el 2021, cuando se registraron 1 628, frente a las 1 210 del 2020.
En lo que va del 2022 ya superan las 250, según datos oficiales.
Seguridad privada
Ante las amenazas constantes y la presencia de desconocidos que circulan en moto en los alrededores de las unidades educativas, los educadores han optado por contratar a guardias privados para dar seguridad a estudiantes, profesores y directores.
“Yo cuento con dos guardias que están en las puertas al momento de ingreso o salida de los estudiantes”, relató uno de los afectados.
Además de la guardianía se han implementado cámaras de seguridad y botones de pánico para monitorear posibles amenazas.
Según la ley ecuatoriana, se puede pedir la custodia policial de un inmueble a través de una orden judicial. Para conseguirlo, se debe poner una denuncia en la Fiscalía.
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