Con la presencia de los 16 militares procesados, se desarrolla en el sur de Guayaquil la diligencia de reconstrucción de los hechos dentro de la investigación por la desaparición y muerte de cuatro menores del sector Las Malvinas, tras ser detenidos por una patrulla militar. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2024.
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La reconstrucción de los hechos del caso Las Malvinas
La diligencia inició a las 20:30 del domingo 16 de marzo de 2025 en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, debajo del puente vehicular ubicado a la altura de un centro comercial y del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS.
Se tiene previsto que la reconstrucción se extienda hasta la parroquia Taura, del cantón Naranjal. Aquí, según las versiones recogidas en el proceso, los menores habrían sido abandonados por los militares y posteriormente secuestrados y asesinados por grupos de delincuencia organizada.
Origen del caso Malvinas
El caso de los niños asesinados en Guayaquil, conocido como el “Caso Las Malvinas”, se originó el 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores de edad desaparecieron en el sector de Las Malvinas, al sur de la ciudad.
Los menores, identificados como Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), fueron vistos por última vez mientras regresaban a sus hogares tras jugar un partido de fútbol.
Según registros de cámaras de vigilancia y testimonios de testigos, los niños habrían sido interceptados por personal militar y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas en las cercanías del Mall del Sur. Posteriormente, uno de los menores logró comunicarse con su madre desde un teléfono desconocido y alertó que habían sido llevados a la base aérea de Taura, ubicada a unos 45 minutos de Guayaquil.
Desaparición de los menores
Las familias de los menores reportaron la desaparición a las autoridades y emprendieron una búsqueda inmediata. El padre de uno de los niños rastreó la ubicación del teléfono y se trasladó al sitio señalado, acompañado por agentes de la policía.
Sin embargo, al llegar a la base aérea, no encontraron a los menores, aunque sí hallaron prendas de ropa que posteriormente fueron entregadas a la Unidad Antisecuestro (UNASE) para su análisis.
Durante los días siguientes, las familias intensificaron su demanda de respuestas, mientras organizaciones de derechos humanos comenzaron a manifestar su preocupación por el caso.
Cuerpos calcinados
El 24 de diciembre de 2024, los cuerpos calcinados de los cuatro menores fueron hallados cerca del río en la zona de Taura. El hallazgo de los cadáveres generó una fuerte conmoción en la opinión pública y provocó la declaración de tres días de luto nacional por parte de la Asamblea ecuatoriana.
El descubrimiento también impulsó una serie de pronunciamientos oficiales, con el Gobierno comprometiéndose a investigar el crimen y sancionar a los responsables. Organismos nacionales e internacionales expresaron su condena por lo ocurrido y exigieron una investigación exhaustiva que esclareciera los hechos.
Procesos judiciales
La Fiscalía General del Estado abrió dos procesos judiciales en relación con el caso. El primero, por desaparición forzada, busca determinar la supuesta responsabilidad de los militares en la detención y posterior paradero de los niños.
El segundo, por secuestro con resultado de muerte, investiga los eventos que derivaron en el hallazgo de los cuerpos. Como parte de las diligencias, la Fiscalía ha programado una reconstrucción de los hechos, en la que participarán los familiares de las víctimas y los agentes procesados. Hasta el momento, dieciséis militares son investigados en la causa por supuesta desaparición forzada y se encuentran bajo proceso legal.
Supuesta desaparición forzada
La jueza Tanya Loor calificó el hecho como una supuesta desaparición forzada, resaltando el riesgo que enfrentan los menores en un contexto de intervención militar en las calles. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la necesidad de revisar las políticas de seguridad para evitar posibles abusos por parte de las fuerzas del orden.
Las familias de las víctimas han exigido justicia y han denunciado falta de transparencia en el proceso de investigación. Durante varias jornadas de protesta en Guayaquil y Quito, los allegados a los niños han demandado respuestas claras por parte de las autoridades.
El desarrollo del caso sigue en curso, mientras la Fiscalía avanza con las diligencias para determinar las responsabilidades penales en el crimen. (JCH)
