Este jueves 25 de enero del 2018, se realizó la reconstrucción de los hechos del supuesto asesinato de David Romo. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
En medio de la gélida noche de este jueves 25 de enero del 2018 se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos del supuesto asesinato del joven David Romo, en una clínica clandestina de rehabilitación, ubicada en el sector de la Pisulí, en el norte de Quito.
Romo desapareció el 16 de mayo de 2013 y desde entonces no se ha logrado determinar qué ocurrió.
Funcionarios de la Fiscalía, miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, abogados, familiares del joven desaparecido y las seis personas que se encuentran procesadas por este caso, llegaron antes de las 19:00 hasta el inmueble en donde funcionaba la clínica. En este lugar habría permanecido Romo antes del supuesto asesinato.
Los procesados, entre ellos el dueño de la clínica y su esposa, bajaron de un bus del Ministerio de Justicia e ingresaron al lugar, en donde también funcionaba un camal clandestino.
Una vez en el interior se esperaba obtener detalles de cómo presuntamente se asesinó a Romo y adjuntar esta información a la investigación.
Varios familiares de David Romo también llegaron al inmueble en donde funcionaba la clínica para la reconstrucción de los hechos. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO.
La diligencia se llevó a cabo en base a las declaraciones vertidas por Juan E., quien en primera instancia se encontraba como testigo protegido y en versiones anticipadas detalló que Romo fue asesinado en ese lugar.
Sin embargo, ahora forma parte de los procesados y se esperaba que horas antes de la reconstrucción rindiera su versión, pero esta vez se acogió al derecho al silencio.
“Hasta ahora Fiscalía y Policía no me demuestran dónde está el cuerpo de David. Yo no voy a aceptar una verdad a medias, porque un asesinato sin cuerpo no es una verdad ni concreta ni certera para alcanzar justicia”, expresó Alexandra Córdova, madre de Romo.
Por su parte, Diego Chimbo, abogado de los dueños de la clínica, señaló que la diligencia se basaría en testimonios que a su criterio son falsos. “Con esta diligencia vamos a demostrar la imposibilidad de que el hecho haya ocurrido como narra este ciudadano”.
La instrucción fiscal de este caso termina a fines de este mes.