Raúl de la Torre, detenido en EE.UU., viajó con un policía antidrogas
El exfuncionario de la estatal Petroecuador, Raúl de la Torre, fue detenido en Estados Unidos, junto con otro ecuatoriano. Foto: Captura
Un mes después de que el exasesor de Petroecuador Raúl de la Torre fuera capturado en EE.UU., en Ecuador aparecen más datos. El Ministerio del Interior confirmó que el exfuncionario sí viajó acompañado de un policía, pero que el agente estaba de vacaciones.
Hace 17 días, la ministra María Paula Romo aseguró que el desplazamiento del policía solamente coincidía con el realizado por De la Torre.
Tras revisar los movimientos migratorios, se ratificó que ambos se trasladaron a Estados Unidos el 9 de junio.
Luego de las denuncias de que policías habrían acompañado al ciudadano De La Torre a los EEUU, revisamos su movimiento migratorio. Coincide en el viaje un policía que solicitó vacaciones esos días.
Se ha dispuesto una investigación interna para conocer la verdad sobre el tema. pic.twitter.com/NGSCqpXKsV— María Paula Romo (@mariapaularomo) 2 de julio de 2019
Cinco días después, De la Torre intentó regresar al país, junto con otro ecuatoriano, pero fueron capturados, aparentemente, con USD 250 000 en efectivo y sin justificación. Actualmente están recluidos en la cárcel Federal de Miami y se los investiga por lavado.
El policía, en cambio, regresó a Ecuador y se reintegró a trabajar. Para entonces, en el país circulaba la noticia de que junto a De la Torre estaban presos dos agentes.
Por eso, las autoridades revisaron información de Migración y comprobaron que en el viaje constaba el nombre de un uniformado. Ahora se sabe que él trabaja en el servicio Antidrogas. Tras ser interrogado por los jefes policiales, confirmó que sí hubo el viaje.
Por eso, el pasado 1 de julio el director de Antinarcóticos, Marco Villegas, envió un oficio a la inspectora general, María Fernanda Tamayo, y pidió que se iniciara una investigación para determinar ¿por qué viajó?, ¿cómo lo hizo? y ¿qué relación tiene con De la Torre?
Romo señaló que “hace años” el policía involucrado estuvo asignado a la seguridad” del ahora procesado.
El pasado 2 de julio, el asambleísta Washington Paredes, quien difundió este caso, envió un oficio a Romo y consultó lo siguiente: ¿Qué tipo de custodia tenía el exfuncionario con los miembros de seguridad? ¿El Ministerio del Interior tenía conocimiento de que el exasesor detenido contaba con seguridad? ¿Quién le asignó esas funciones?
En el documento, el parlamentario aseguró que es “impropio” que alguien, con el cargo de asesor de Petroecuador, tenga asignado un escolta de la Policía Nacional.
Romo dijo el miércoles que todavía no responde ese oficio y agregó que “lo hará en el plazo que establece la ley”.
La Ley de la Función Legislativa (art.75) establece que los legisladores tienen la facultad de requerir información a los funcionarios públicos.
La normativa también señala que si en un plazo de 15 días, el funcionario no entregara la información o lo hiciera de forma incompleta, el caso podría llegar a una comisión especializada, para su análisis.
Actualmente, el policía está en funciones. Un alto oficial confirmó que el agente no puede ser suspendido de sus funciones hasta que la Inspectoría determine si cometió o no una falta leve, grave o muy grave.
En el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público se establece que la etapa de valoración toma 30 días. En ese tiempo, la institución debe comprobar si cometió o no una infracción. Hasta el momento han transcurrido 19 días.
En esa normativa se menciona que el uniformado puede ser sancionado disciplinariamente (art. 42) con una amonestación verbal, escrita, suspensión de funciones o con la destitución definitiva.
El legislador Paredes quiere que se aclare todo. Incluso cómo De la Torre salió desde Ecuador, con altas cantidades de dinero y acompañado de un gendarme. Pero la información que maneja el Gobierno es que la captura se produjo cuando el exasesor estaba de regreso al Ecuador. Tras conocer ese hecho, Ecuador pidió información a las autoridades estadounidenses.
Hace dos semanas, el secretaría Anticorrupción, Iván Granda, también envió un pedido a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), para que investigare y analizara “conductas inusuales” en las cuentas bancarias de De la Torre.
Si en el análisis que realiza esa entidad se encuentran movimientos financieros irregulares, entonces la UAFE será la encargada de enviar la información a la Fiscalía para que se abra una investigación.
Este Diario también consultó a esa entidad si inició una indagación de oficio en este caso, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Además, en la Asamblea Nacional se solicitó que el ministro de Energía y Recursos No renovables, Carlos Pérez y el gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, respondieran sobre las acciones que han adoptado estas dos instituciones tras conocer la detención del exasesor.
De La Torre fue desvinculado de la estatal petrolera el mismo día de su detención. El pasado 28 de junio, Flores habló públicamente y dijo que el exfuncionario no tuvo un cargo administrativo ni gestionó recursos. Instó a las autoridades para que pidan información de todo, para saber si hay afectación en la empresa.
La cronología de los hechos
14 de junio del 2019
El exfuncionario de la estatal Petroecuador,
Raúl de la Torre, fue detenido en Estados Unidos, junto con otro ecuatoriano. Las autoridades de ese país lo investigan por presunto lavado de activos.
26 de junio del 2019
El legislador Washington Paredes hace público el caso y dice que De la Torre fue capturado con USD 250 000. Pide al ministro de Energía, Carlos Pérez, que indique los correctivos tomados en Petroecuador.
27 de junio del 2019
Tras conocer de la detención también se difunde la información de que De la Torre es sobrino del contralor Pablo Celi. El funcionario asegura que no tiene relación directa con el procesado.
28 de junio del 2019
El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, pide a las autoridades respectivas que soliciten asistencia penal internacional para determinar si se ha perjudicado a la estatal petrolera.
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