El rastreo de carnés de discapacidad, con pocos resultados
La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado (centro), habló del tema. Foto: cortesía
Tres meses luego de que se iniciaran las investigaciones sobre los carnés de discapacidad en la Función Judicial, la Judicatura reconoce que los avances son mínimos.
Esta entidad remitió al Ministerio de Salud una lista de 710 jueces, fiscales, defensores públicos y personal de la Función Judicial que portan ese documento y solicitó que se verificara si cumplieron o no con todos los requisitos legales para obtenerlo.
El pasado 3 de agosto, esa Cartera de Estado remitió al CJ un informe con datos parciales de solo 98 jueces.
Salud señaló que 58 magistrados “no cumplieron con los parámetros establecidos en la Ley” para obtener el carné. Es decir, en la base de datos no constan los informes médicos con el grado de discapacidad o los exámenes que corroboran esa condición. También se determinó que tres magistrados portan el documento, sin estar registrados en el sistema.
Luego de esos hallazgos, la entidad dijo que realizará una verificación individual de cada caso. La Judicatura indicó que todavía no ha recibido esos resultados.
Maribel Barreno, vocal del CJ, sostuvo que tras recibir “datos segregados” se enviaron tres pedidos más al Ministerio “para que complete la información de los 710 servidores judiciales”. Hasta ayer, 8 de octubre del 2020, esperaba una respuesta.
La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dijo: “se ha imposibilitado continuar con la investigación en virtud de que el Ministerio de Salud, pese a las constantes insistencias, no ha certificado la obtención legal de los documentos referidos”. El 2 de octubre pidió a la Contraloría que iniciara un examen especial para esclarecer este tema.
A través de un correo, el Ministerio de Salud indicó a este Diario que la Ley de Derecho y Amparo al Paciente no permite entregar información confidencial al Consejo de la Judicatura, si no cuenta con la autorización de los funcionarios.
“Los datos médicos que se manejan son confidenciales. Esta información no se puede remitir a cualquier institución, solamente será entregada por pedido judicial o al titular del carné”.
El pasado 9 de septiembre, Salud presentó una denuncia en la Fiscalía General para que se investigara el supuesto delito de falsificación y uso de documento falso.
La idea es comprobar si se emitió y si se usaron irregularmente los carnés por parte de funcionarios judiciales.
Actualmente, este caso está en investigación reservada. El Código Penal (art. 328) sanciona con cárcel de cinco a siete años la falsificación y uso de documento falso. El ilícito se configura cuando una persona falsifica, destruye o adultera los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales.
La vocal Barreno espera que con este proceso penal se puedan determinar posibles anomalías y así iniciar las acciones disciplinarias.
De la investigación interna que lleva adelante la Judicatura se determinó que 62 servidores judiciales, con carné de discapacidad, se beneficiaron con hasta tres puntos en los concursos para acceder a sus cargos.
“Pero falta la información de Salud, con eso tendremos la certeza de que han cometido o no una irregularidad”, señaló la vocal Barreno.
En julio pasado, la Dirección de Talento Humano del CJ pidió a los funcionarios con discapacidad que entreguen copias notarizadas del carné y del informe médico.
De los 710 servidores, 687 jueces, fiscales, defensores públicos, notarios y personal administrativo entregaron los oficios solicitados y el resto proporcionó copias simples sin validez.
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