El contrato está clasificado como confidencial y en la cláusula decimoquinta del documento de 52 páginas se advierte que los registros, anexos y comunicaciones cursadas entre el Ministerio de Defensa y la empresa china CETC no podrán divulgarse. Es precisamente en esa disposición en la que ayer se protegieron los representantes de la firma internacional en Ecuador para decir que no pueden detallar la venta de cuatro radares para la interdicción aérea ecuatoriana (dos del modelo YLC-18 y dos del YLC-2V).
No obstante, este Diario accedió a un informe que el 22 de junio del 2009 firmó el hoy máximo jefe de las Fuerzas Armadas, teniente general Leonardo Barreiro. En ese documento de tres páginas, el entonces oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) reconoce que la adquisición de esta tecnología “se efectuó a través de un concurso privado calificado como emergente”.
Luego señala que “para cuyo trámite no se aplicó la Ley orgánica del sistema de contratación pública, sino el reglamento para contrataciones con la Junta de Defensa Nacional”, al que calificaron como régimen especial de contratación.
El 31 de octubre del 2008, la Junta dictó un instructivo para la compra de radares de largo y corto alcance. Sin embargo, un mes y medio después, el Gobierno firmó el Decreto 1484 y ordenó que desde el 1 de enero del siguiente año la Junta quedara extinta.
Pese a lo ‘imperioso’ de la adquisición, como el Comando de Operaciones Aéreas y de Defensa calificó durante el proceso, el comandante de la FAE, brigadier general Enrique Velasco, reconoció ayer que los radares, cuyo contrato por USD 60 millones data al 8 de junio del 2009, “no han sido probados en su total dimensión”.
En el Ministerio de Defensa se espera que recién el 30 del próximo mes los radares entren a pruebas individualizadas. Esta revelación se produce pese a que tras la caída de la avioneta mexicana con USD 1,3 millones el pasado 13 de mayo, el presidente Rafael Correa aseguraba que los aparatos ya estaban en fase de pruebas.
Defensa reconoce “dificultades en el cumplimiento de los contratos”, aunque se dice que las prórrogas en la entrega-recepción se han producido, entre otros aspectos, por “situaciones climáticas”. Hasta se habla de que hubo la necesidad de abrir vías para llegar con materiales de construcción.
El caso incluso pasó a la Procuraduría General del Estado y en esa instancia se analiza el futuro de la contratación. Hasta ayer, los militares no recibían notificación alguna de ese organismo.
El riesgo de fallas
El ministro de Defensa, Miguel Carvajal, adelantó que si tras las operaciones de pruebas los equipos no están en “satisfacción plena”, se aplican las “medidas que correspondan”. De hecho, en la undécima cláusula del contrato 2008-d-076 se dice que en caso de que la entrega se retrasara “el vendedor pagará la cantidad equivalente al uno por 1 000 del contrato por concepto de multa por cada día de retardo, hasta un máximo del 5%”.
No obstante, Galo Lara, integrante de la Comisión Legislativa de Fiscalización, advierte que las multas ni las garantías se han ejecutado hasta el momento.
En el contrato también se detalla que a los radares se encuentra incorporado equipamiento adicional. Por ejemplo, con cada YLC-2V vienen tres vehículos por radar marca Volvo de origen sueco, fabricados en el 2009 hacia adelante. Además, cuatro generadores electrógenos marca Cummins, tipo Prime a diésel y repuestos y logística de apoyo.
Los dos modelos YLC-18 están equipados con cuatro camiones (dos cada uno), repuestos y documentos de mantenimiento y operación, con suscripción para enmiendas y alertas técnicas.
La investigación fiscal
En el contrato que la empresa China firmó con el entonces comandante de la FAE, brigadier general Rodrigo Bohórquez, se dice que una de las características de los cuatro radares es que el enfriamiento es por aire.
No obstante, en una de las versiones que reposan en la Fiscalía se dice que “los equipos ofertados no funcionan bajo aire sino bajo agua” y que pese a ellos fue adjudicada la empresa CETC.
“El Comité Técnico de Selección de la FAE calificó a la compañía adjudicada como si los radares fueran de aire, porque los catálogos presentados por la compañía adjudicada dentro del proceso licitatorio dicen que funcionan por aire o agua a requerimiento del usuario”, se lee en la versión.
Este Diario conoció que en la licitación una de las empresas concursante pidió al Comité que aclarara qué sistema de enfriamiento deberían tener los radares. Fue allí que se emitió que con oficio 76-EE-J-O-2008 CIRC.CMTS del 14 de noviembre de ese año, el Comité de Selección aclaró que “las empresas deberán ofertar transmisores con enfriamiento por ventilación”, es decir, por aire y no líquido.
Esa aclaración formó parte del proceso de selección y es parte de los documentos precontractuales y normas que rigen la licitación.
¿Cómo se concretó este proceso? Luego de que la Junta de Defensa autorizara la compra el 30 de octubre del 2008; el 5 de noviembre, el Ministerio de Defensa calificó que esta adquisición sea calificada como “bienes de carácter estratégico”. Ese mismo día, la Comisión de Selección invitó a que 18 proveedores participen en la licitación.
Desde ese momento, personal encargado del proceso estudia las ofertas hasta que una subcomisión presenta el informe de convalidación de errores y se desprende que “la única empresa que cumple los aspectos técnicos, económicos y legales es CETC”. Y el 8 de junio del 2009 se firmó y se formalizó el contrato.
La tecnología de esta empresa también ha sido cuestionada y esas denuncias son analizadas en la Fiscalía, aunque el Comandante de la FAE prefirió no responder. “Yo confío en la tecnología mientras no se me muestre lo contrario. Esperemos probar en su total dimensión y si tienen problemas nosotros mismos seremos los encargados de hacer conocer eso”.
El caso también reposa en la Contraloría General del Estado.
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