Una vez que han pasado varios días de la revuelta policial, ¿qué lectura tiene usted de lo ocurrido? Se puede sostener que los ánimos se exacerbaron y se desbordaron por una serie factores acumulados, uno de ellos es la condición extrema en que trabaja la tropa, lo cual no fue atendido por la cúpula.
Sí, ese puede ser un factor, sumado a un proceso constante de desinformación sobre los efectos de la Ley de Servicio Público. Pero precisamente estamos trabajando para eliminar las grandes diferencias entre la tropa y la oficialidad en la institución.Pero es evidente que hay resentimientos, latentes durante años, quizá décadas. Además, hay un distanciamiento con los oficiales, sobre todo con el mando.
Sí. Hay un distanciamiento entre oficiales y la tropa. Y hubo la desarticulación del Alto Mando, aparece que generales caminaban cada uno por su lado, cuando debían trabajar en equipo para resolver este problema.
Otro de los temas que más golpea a los uniformados es el sistema de pases, pues deben moverse continuamente lejos de sus hogares, con todo lo que eso implica, desde el gasto económico extra hasta el rompimiento familiar.
Estamos racionalizando el sistema de pases: pasamos de un promedio de 15 000 pases a 2 000 por año. Es muy perverso y a veces depende de la discrecionalidad de un oficial y significa afectaciones a la vida personal y familiar.
¿Qué han hecho en estos casos?
Hemos tomado medidas, muchos han sido beneficiados, aunque todavía falta hacer correctivos. En mis visitas a las provincias me he encontrado con policías que se quejan por ese problema. La directiva es clara: que las rotaciones sean en las regiones de donde son oriundos y por motivos específicos. Lo ideal es que la gente trabaje en su propia provincia, en su ciudad. Eso se ha ido logrando, sobre todo en la Sierra, a nivel Costa todavía no porque históricamente no hay muchos policías de esa región. Eso debe complementarse con un plan de vivienda fiscal y cobertura judicial.
¿Ustedes han investigado los casos de corrupción por el tráfico de pases?
Primero, frenamos esa práctica y ahora estamos haciendo una auditoría de los procesos internos; también implementamos la rendición de cuentas y reducción de márgenes de discrecionalidad.
¿Entonces, no solo se trata de darle más recursos y equipos a la Policía, sino de un cambio cualitativo?
Estamos dando un giro importante. El Ministerio del Interior no está solo para darle cosas a la Policía, dejamos la política clientelar, de un beneficio a cambio de un comportamiento; no queremos esa relación de beneficios, sino de rectoría real en función de valores, no de favores. Debemos rendir cuentas, ser transparentes, quebrar las diferencias entre la tropa y la oficialidad.
Otro tema que genera molestias es la serie de beneficios de los generales. Por ejemplo, el de los viáticos que han recibido miembros de la cúpula y los supuestos beneficios a sus familiares.
Así es. Por eso, nosotros hemos racionalizado muchos viajes al exterior, y hemos negado otros viajes que consideramos inútiles para la institución.
¿Cómo piensan recuperar la imagen policial casa adentro y hacia la comunidad?
Debe haber un proceso de reencuentro entre policías, entre policías y militares, y entre la Policía y la sociedad. Se clarificarán los niveles de responsabilidad, de intencionalidades; se distinguirá bien el trigo de la paja, porque habrá gente que diga que no pasó nada, gente que nos engañó diciendo que la ley les afectaba y buscaba una desestabilización política, que algún grupo tenía contra el Gobierno. Se trató de asesinar al Presidente.
Pero lo que ocurrió no es, según varias lecturas, un golpe de Estado. Sino, más bien, un hecho que fue evolucionando y se convirtió en un escenario complicado, inseguro para el Presidente, que tomó demasiados riesgos.
Así es, fue evolucionando, pero se buscaba impunidad, y habían intereses de desestabilización política. Es extraño que algo así ocurra cuando este Gobierno es uno de los que más recursos ha dado a la Policía, que es una de las mejores remuneradas de la región.
Pero no es solo un tema de sueldos, sino de condiciones adecuadas para trabajar, porque es evidente que hay tratos discriminatorios, exceso de trabajo, problemas de alcoholismo, estrés. ¿Cómo se piensa abordar eso?
Pasa por una cultura institucional que hay que romper, el proceso de jerarquías, tiene que variar el esquema piramidal por uno de procesos, de servicios, que se articulan a responsabilidades con organización y un enfoque de servicio ciudadano. Lo primero es acercar a la Policía con la comunidad, que todos vivan las mismas políticas institucionales.
Luego de lo ocurrido se han iniciado acciones contra decenas de policías. Hay el riesgo de que muchos de ellos, sobre todo los que dejen la Policía, se articulen al crimen organizado, como ya ocurrió en México y Colombia. ¿Prevén ese escenario?
Debe haber justicia y determinación de responsabilidades, habrá sanciones internas menores y esos policías seguirán en la Policía. Algunos serán juzgados por tribunales de disciplina, y eso terminará con sus eventuales bajas. Otros que cometieron delitos deben responder ante la justicia. Se deberá también articular un sistema de Inteligencia muy fuerte, sin duda Asuntos Internos debe fortalecerse, reforzar un sistema interno para evitar articulación entre Policía y delincuencia.
¿Existen indicios de que hay penetración del crimen organizado en la Policía?
Sí, de hecho algunos de ellos son parte de los grupos que encabezaron la revuelta.
¿La gente que estaba siendo afectada por procesos de reestructura, como ex miembros del GAO, que fue desarticulado por abusos, y muchos que volvieron a la entidad pese a ser dados de baja, no fueron también factores de desestabilización?
Es otro elemento, si la Policía saca de sus filas a malos elementos, es porque son muy malos, muchos vuelven con acciones de protección constitucional, y eso es devolverle un problema a la Policía. Son esos grupos los que no quieren transparencia.