‘Si no se ‘aceitan’ los juicios no se tramitan y se estancan”, dice Maribel E., quien lleva tres meses en la gestión de un juicio ejecutivo en uno de los juzgados de lo Civil de Tungurahua.
Ella pretende cobrar una deuda por USD 3 500. El dinero lo prestó, hace dos años, a un familiar y luego no quiso pagarle. Tiene una letra de cambio firmado por él.
Por esos trámites se conoce de memoria las 18 gradas que hay entre la primera y segunda planta de la Corte Provincial de Justicia, ubicada en las calles Sucre y Guayaquil (centro de Ambato). La mujer de baja estatura está preocupada porque hace tres semanas se cumplieron 15 días de la primera audiencia y su caso no avanza. “Pagué para que se fije la hora y fecha, si no hacía eso las audiencias se fijarían para más tiempo”. Esta madre de familia deja de trabajar en su taller para averiguar cómo avanzan los trámites de su caso.
Francisco Rivera, director del Consejo de la Judicatura en Tungurahua, dice que sí hay sanciones. Entre el 2009 y lo que va del año se presentaron 72 denuncias por maltratos, forjamiento de trámites dentro de una causa, entre otros casos. Fueron resueltos 68 y cuatro están por resolverse.
En los procesos se destituyó a tres funcionarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. En esa lista está el pagador de uno de los tribunales de menores. Él habría tomado USD 40 000 de las pensiones alimenticias de los niños. Además, se le sigue un juicio penal, sin embargo, el acusado está prófugo.
Se sumó un notario, por presuntas irregularidades en el manejo de las escrituras públicas. También está el caso de un ministro de la Corte Provincial por forjar actos dentro de la tramitación de una causa administrativa.
Según Rivera, estos funcionarios cometieron supuestas incorrecciones graves en la tramitación de las causas.
Asimismo, con infracciones menores se sancionó a 62 empleados judiciales con multas y llamadas de atención, aunque no especificó el monto.
El funcionario reconoce que, en el momento, los jueces y secretarios ejercen una multifunción. Esto ocurre porque así lo establece el actual sistema. Por eso se planea poner en marcha una nueva estructura de la Función Judicial en cada una de las unidades administrativas. “Esto eliminará la influencia interna y externa para el fallo que se dicte”.
Para el jurista ambateño Luis Gamboa, en la administración de justicia debe darse un cambio total. “Por eso es importante el proceso que inició el Consejo de la Judicatura para que se elimine este sistema caduco. En un juicio el juez no es quien debería tener la última palabra, pero tampoco los recursos de apelación. Creo que debería haber una comisión de jueces y de gente experta que analice si las resoluciones están pegadas al Derecho. Eso garantizaría al usuario y al abogado confianza en la justicia”.
Son las 16:40 de un jueves. Las oficinas de los juzgados y tribunales están casi vacías. Abogados con carpetas en mano entran y salen de las dependencias que están abarrotadas de papeles.
Jacqueline G. es jurista y ejerce su profesión hace cinco años. La abogada, de 29 años, dice que en la sala de sorteos “hay que tener mucha suerte para que las causas caigan donde un buen juez”.
Según la abogada, hay juzgados que son más lentos en la tramitación de causas. Cuenta que ella patrocina un juicio ejecutivo desde hace un año y medio, pese a que estos casos son supuestamente los más rápidos en resolverse. Ella intenta cobrar una letra de cambio por USD 10 500.
Jacqueline G. manifiesta que existen juzgados donde el juez se deja llevar por todo lo que dice el secretario. Citó como ejemplo que cuando el magistrado le ordena hacer un despacho sobre alguna causa, este último no lo hace y por eso se demora la gestión. “Para que le fijen las audiencias hay que darles aceite (dinero) de esa forma los procesos caminan a buen ritmo”.
Carmen G. labora en un consultorio jurídico de la ciudad, pero no es abogada. Cuenta que desde el 2005 tramita un juicio de divorcio en uno de los juzgados. El miércoles fue la audiencia de juzgamiento con la presencia de los testigos. “Ahora esperamos la sentencia. Fue toda una odisea”.
Dice que años atrás gestionó un juicio por alimentos. Por dos semanas buscaron los cuerpos con las fojas para sacar copias, pero no aparecieron. Presentó la denuncia en el Consejo de la Judicatura. Al otro día los documentos aparecieron. “Ocurrió porque había intereses, pese a eso nadie fue sancionado”, explica Carmen G.
Tras una hora de no encontrar respuestas, Maribel E. dejó las dependencias de la Corte de Justicia. Ella regresará el próximo jueves con su abogado para continuar con el juicio.
El inventario de las causas continúa en proceso
En la II Sala de lo Civil de Tungurahua, los funcionarios continuaron con el trabajo en jornadas sabatinas dispuesto por el Consejo de la Judicatura en Transición (CJT).
Marco Ramos, secretario relator, continuó con el ingreso de procesos al Sistema Automático de Trámites Judiciales de Ecuador (Satje). Esa Sala fue creada en julio del 2010. Hasta fines de ese año tramitaron 475 causas. De enero a agosto del 2011 dieron trámite a 666 causas, de ellas se evacuó el 90%, según Ramos.
A la dependencia llegó Roberto Larco, auditor del CJT con Francisco Rivera, director en Tungurahua del mismo organismo para ver las labores que se realizaban.
Tres trabajadores del lugar informaron sobre lo que hacían.
En ese momento entraron al Satje para ingresar datos de causas judiciales activas, abandonadas o prescritas.
Rivera dijo que esa institución en Tungurahua requiere llenar 38 vacantes y se necesitan 40 funcionarios adicionales. Informó que en esta corte provincial trabajan 167 funcionarios.
La presidenta de la Corte Superior de Tungurahua, María Luisa Castillo, aprovechó para preparar algunas providencias. Mientras que en otra de las oficinas trabajó el juez de Tránsito, Kléver Pazmiño. Los funcionarios de esa dependencia suelen estar de turno los fines de semana.
Pazmiño dijo que cuando eso sucede, el juez acude a su despacho cuando se presentan casos de delitos flagrantes o contravenciones graves.
Pero por el estado de excepción en la Función Judicial trabajaron como un día normal. Contó además que labora con dos funcionarios encargados porque no se ha nombrado a los titulares.