Elementos de las Fuerzas Armadas realizan los controles en el sector de Tufiño, uno de los sitios de la frontera norte. Foto: José Mafla / EL COMERCIO.
Hablaban solo entre ellos. Eran siete hombres y el pasado jueves llegaron a Tulcán en bus interprovincial. Desde entonces se hospedaron en un hotel y apenas salían de sus habitaciones para comer en el restaurante del mismo edificio.
No hablan español y lo único que sabía el administrador del hotel es que son de África y que aparentemente vinieron por turismo. Pero una persona que trabajaba como recepcionista en uno de esos lugares contó que son grupos que intentan trasladarse hacia los Estados Unidos de forma irregular.
Jueces e investigadores de la Fiscalía confirmaron ese dato, pues Tulcán está identificado como punto fronterizo desde donde las redes de trata envían al exterior a sus víctimas.
Mientras los cabecillas no los recojan, ellas deben permanecer en el hotel por lo menos dos o tres días. Los agentes han identificado esa forma de actuar en casi todos los casos.
Al día siguiente de la llegada, los siete extranjeros, que vestían jean y camisetas, solo se movían en las gradas y el hall.
O estaban en los pequeños cuartos con televisión y agua caliente, por los que pagaban hasta USD 20 la noche.
En el 2014, los policías reportaron cuatro casos de trata y en este año va uno. Ocurrió a inicios de marzo, cuando una persona fue arrestada mientras trasladaba a dos menores y no pudo justificar ese tránsito.
El pasado lunes, en otro hotel del Carchi fue retenido un ciudadano del Reino de Bután, en el sur de Asia. Al momento del operativo migratorio no portaba documentos y hablaba solamente su lengua nativa.
Tras la audiencia, que duró menos de 20 minutos, quedó en libertad, debido a que no había un traductor para informarle el motivo de la aprehensión.
Bayardo García, juez de la Unidad Judicial del Carchi, explica que como este caso hay muchos. Una de las dificultades que tienen los jueces es no conocer el idioma de los extranjeros, quienes no hablan español ni inglés.
En la zona fronteriza hay 36 pasos ilegales y tres son usados para trasladar ilegalmente a las personas. Estos puntos están identificados en Tufiño, Urbina y El Carmelo. Desde allí pasan a Ipiales e inician la ruta a Estados Unidos o Venezuela.
Por todo el recorrido, las mafias cobran entre USD 25 000 y 30 000 a cada persona.
¿Cómo es la movilización? De indagaciones realizadas en los últimos meses se determinó que las mafias transportan a los grupos desde San Gabriel, una población localizada a una hora de Tulcán. Lo hacen en taxis y buses de servicio intercantonal e interprovincial. La idea es distraer los controles.
Desde los tres puntos de la frontera hasta Ipiales, las víctimas son trasladadas en vehículos, motos y bicicletas.
La intención es que nadie se percate de lo que hacen.
Por eso, los uniformados realizan controles en los automotores y se exige documentos a todos los pasajeros que viajan.
Mientras que en Colombia, a través de la operación Coyote se detuvo a ocho personas que supuestamente se dedican al tráfico de migrantes y retuvo a 23 personas de Nepal y cinco cubanos. Esto se produjo cuando cuatro automotores transportaban a 17 nepalíes a través de la Panamericana, en el tramo Mojarras – Popayán.
En cambio, en Villa Rica (Cauca-Colombia), en un bus fueron detenidos tres presuntos coyoteros. Eran seis nepalíes y cinco cubanos más.
La Policía del Cauca informó que en esa jurisdicción han sido hallados 54 extranjeros en el 2015. Mientras que en el 2014 fueron 49, entre cubanos, nepalíes, somalíes y ecuatorianos. Nadie tenía los documentos que habiliten su permanencia.