12 de February de 2011 00:00

Psicóloga que trataba a niñas víctimas de abuso fue retenida

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El caso que investiga el abuso sexual a ocho alumnas de una escuela fiscal, en una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, en el noreste de Pichincha, tomó un giro inesperado. El jueves, el Tribunal IV de lo Penal de Pichincha ordenó la detención de la especialista que daba terapias a las pequeñas alumnas.

La profesional estuvo detenida por nueve horas, hasta la madrugada de ayer, tras ser acusada de perjurio, por testificar contra el supuesto agresor. Ella pertenece al Centro de Protección de Derechos del Ministerio de Inclusión Económica y Social-Instituto de la Niñez y la Familia (Mies-Infa) y es responsable de las terapias psicológicas a las menores, quienes denuncian haber sido agredidas del 2006 al 2008.

El proceso judicial se inició hace dos años cuando el grupo de niñas denunció haber sido afectadas por el profesor Carlos L.

Anteayer se realizaba la audiencia de juzgamiento en el Tribunal. Sin embargo, ayer Silvia Proaño, secretaria ejecutiva del Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito (Compina), hizo cuestionamientos al proceso. Señaló que, por ejemplo, no se receptaron los testimonios de los testigos y de las niñas.

Junto a otros funcionarios de instituciones que trabajan a favor de la niñez, Proaño dijo que tampoco hubo la protección para los testigos solicitados por la Fiscalía ni para los acusadores.

Laura Flores, presidenta de la Defensoría Comunitaria de la parroquia, aseguró que las madres de las estudiantes afectadas han recibido constantes amenazas. Incluso, las familias de dos niñas decidieron irse de la comunidad, por temor.

En un comunicado, el Compina denunció que las niñas estuvieron expuestas a la presión y burla de testigos y familiares del acusado. El jueves, ellas tuvieron que inicialmente esperar en los estrechos pasillos y gradas que conducen al Tribunal IV, ubicado en el centro norte de Quito.

Esto ocurrió a pesar de que ellas están dentro del programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, tras las amenazas recibidas en los dos últimos años, dijo Proaño.

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