14 de October de 2011 00:01

El proyecto de Código Penal tipifica al sicariato como delito

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La red tenía definidos cinco puestos de operaciones en La Mariscal. En este barrio del centro-norte de Quito montaron su centro de venta de droga al menudeo.

Los extranjeros impedían que otras organizaciones delictivas ingresaran a ese territorio. La disputa terminó en el crimen de tres africanos y un centroamericano, el 18 de octubre del 2010.

La Mariscal es la zona con el mayor índice de homicidios y asaltos en la capital; y es uno de los 13 sectores con más frecuencia de venta de droga, según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC).

45 días después del cuádruple crimen, en ese mismo sector, los agentes montaron un operativo en contra de lo que llamarían “columna paramilitar Cordillera”.

En ese operativo fueron detenidos 12 extranjeros, seis de ellos inculpados por posiblemente tener nexos con el narcotráfico.

Para la gente que sea detenida con drogas, las penalidades podrían cambiar en la legislación, según las reformas planteadas ayer dentro de lo que el Gobierno llama Código Integral Penal.

Allí se propone sancionar de 19 a 25 años de reclusión a quienes se dediquen a la producción y tráfico de droga en grandes cantidades; y de 1 a 3 años por tenencia y posesión de alcaloides (incluye a las mulas). En la actual legislación antidrogas se establece una pena de hasta 25 años sin diferencia.

“No puede ser que una persona que haya sido detenida por 3 kilos de droga tenga la misma pena que alguien por 3 toneladas”, señaló la ministra de Justicia, Johana Pesántez. Ayer, a las 09:00, la funcionaria llegó a la Asamblea con la propuesta que contempla cambios en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y de Ejecución de Penas.

En total, se plantea reformar 990 artículos, recogidos en cuatro cuerpos legales.

Luis Tayunpanta, coordinador del Servicio AyudaT, que atiende a personas con dependencia a la droga, dice que las leyes actuales no especifican la cantidad de alcaloides para diferenciar lo que es tenencia y consumo.

En el último año, en Ecuador han sido capturados jefes de mafias internacionales que operan con drogas. Uno de ellos fue John Jairo V. Los agentes lo apresaron el 20 de abril pasado, en el aeropuerto de Guayaquil. El hombre es considerado cabecilla del brazo armado de Cordillera.

Los agentes investigaron si había alguna relación entre el prisionero y los cuatro asesinados en La Mariscal. Este miércoles Juan Briceño, experto peruano en seguridad, dijo que grupos operativos de los carteles mexicanos llegan a países de América del Sur y traen nuevos tipos de delitos.

Quito, por ejemplo, reporta menos crímenes pero un mayor nivel de violencia. Un informe del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, señala que entre enero y septiembre de este año, en la capital hubo 175 homicidios. El 31% de muertes se produjo con arma de fuego, 46 % con arma blanca, etc. Mientras que en ese mismo período del 2010 hubo 221 crímenes.

En el país, la actual legislación contempla el homicidio por precio (con pena de 12 a 16 años). En la propuesta presentada ayer se tipifica al sicariato como delito y se determina una pena de entre 18 y 28 años, como sanción máxima, a quienes lo perpetren.

Pesántez señaló que esta propuesta del Gobierno “está acorde con las necesidades de la sociedad tomando en cuenta los nuevos delitos que han aparecido, como el crimen organizado”.

La Secretaría de Estado manifestó que “hemos buscado integrar justamente a aquellas preguntas que el pueblo -en la consulta- determinó que pueden ser delitos como el enriquecimiento privado no justificado”. Agregó que propuestas como la del Municipio de Quito están consideradas en el proyecto.

La propuesta gubernamental también considera como delitos a la trata de personas y a la captación ilegal de dinero.

Ramiro Viteri, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, señaló que el problema de la delincuencia en el país, “no se si se soluciona únicamente con nuevos códigos y leyes penales.

El jurista señaló que este es un proceso integral que requiere normas jurídicas que tipifiquen el delito y las sanciones. Para que la propuesta funcione también depende del accionar de la Función Judicial para sancionar a la delincuencia, de la Policía y de la sociedad”. La Asamblea tiene 65 días para analizar el proyecto y preparar un informe para primer debate. Pero Mauro Andino, de la Comisión que analizará la iniciativa, anticipó que no alcanzará el tiempo y propuso formar cuatro subcomisiones, para que estudien por separado cada cuerpo.

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